Editorial

Infortunio de la Iniciativa Mérida

En el contexto de la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, llevada a cabo en Monterrey, Nuevo León, legisladores de ambos países plantearon nuevos y fuertes cuestionamientos al acuerdo de asistencia en el combate al narcotráfico y el crimen organizado llamado Iniciativa Mérida o Plan México.

El presidente del Senado estadunidense, el demócrata Christopher Dodd, calificó como “desafortunado” el hecho de que las negociaciones de eeste proyecto de colaboración se hayan realizado sin consultar a las legislaturas de ambos países, y reconoció que el narcotráfico es un flagelo que afecta a la población de ambos lados de la frontera, en el cual tanto las autoridades mexicanas como las estadunidenses tienen una cuota de responsabilidad.

Las declaraciones de Dodd son relevantes por cuanto apuntan a una práctica inaceptable por parte de los gobiernos de George W. Bush y Felipe Calderón en torno a las negociaciones de un acuerdo que supuestamente persigue la seguridad de ambas naciones: pasar por encima de quienes, al menos formalmente, representan la voluntad de los pueblos mexicano y estadunidense.

Al respecto, debe recordarse que ya desde noviembre pasado los legisladores –tanto demócratas como republicanos– criticaron severamente al gobierno de George W. Bush por el acuerdo de asistencia militar y financiera para el combate al narco, principalmente por la discrecionalidad con que se condujo la Casa Blanca durante las negociaciones que mantuvo con las autoridades mexicanas, y por no haber proporcionado información respecto de las condiciones de distribución de los recursos.

Por lo que hace a nuestro país, lo dicho por Dodd reafirma la percepción ciudadana de que el gobierno mexicano, en materia de seguridad, está dispuesto a transitar por la vía del autoritarismo con tal de vencer en una “guerra contra el narcotráfico” que, cabe decirlo, está perdiéndose a pesar de lo que sostiene el discurso oficial. Tal tendencia había quedado manifestada cuando el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, dijo que “garantizarle la seguridad a la gente” justificaba el hecho de que su administración detentara “el monopolio del poder”, con lo que se atribuyó una facultad que no es característica de los gobiernos democráticos, sino de los autoritarios, y que es contraria al principio de diversificación de poderes que rige en nuestro país. Por lo demás, la misma actitud turbia y antidemocrática con la que, a decir del senador Dodd, se negoció la Iniciativa Mérida, puede observarse en la forma en que se intentó hacer pasar la iniciativa de reforma petrolera en el Congreso: mediante un albazo en el que los legisladores habrían fungido, en todo caso, como el conducto para formalizar el designio privatizador del grupo que detenta el poder.

Ante estos elementos de juicio, a los que habría que sumar el rechazo del gobierno federal y el Congreso de la Unión a los condicionamientos de la Iniciativa Mérida, que son contrarios a la soberanía nacional, lo más lógico y probable es que ese acuerdo de asistencia financiera sea sepultado durante el próximo encuentro de un comité de conferencias, cuando los legisladores estadunidenses tendrán que emitir la última palabra respecto de su aprobación. En caso contrario, el Legislativo mexicano debe impedir la aprobación de un proyecto de cooperación equívoco y contrario a la soberanía nacional.