■ Deja sin efecto los amparos que promovieron para laborar en áreas de jurisdicción estatal
La Corte autoriza al gobierno de BCS multar a choferes turísticos
■ Durante 15 años se enfrascaron en conflicto con taxistas por la transportación de turismo extranjero
Los Cabos, BCS, 7 de junio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto los amparos obtenidos por las transportadoras turísticas de este centro vacacional contra la Ley Estatal del Transporte, por lo que ahora tendrán que pagar al gobierno del estado multas que se estima asciendan a 900 millones de pesos.
En Los Cabos operan 114 empresas de transportación turística y más de 200 taxistas, quienes se enfrascaron desde hace más de 15 años en una competencia permanente por el turismo extranjero, que incluso ha derivado en pleitos entre los conductores, con los pasajeros como espectadores.
Ante la delimitación de competencias estipulada por la Ley Estatal de Transporte que limi-tó a las transportadoras turís- ticas a trabajar en la zona federal, el gobierno del estado se dio a la tarea de aplicar multas a los infractores, lo que generó el amparo de los concesionarios federales, con el argumento de tener un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El gobernador Narciso Agúndez Montaño dijo que con este resolutivo de la Corte se pone fin a un conflicto de más de 15 años. Mencionó que las transportadoras turísticas ya solicitaron un diálogo con el gobierno del estado, a lo cual se accederá, sólo que hoy las condiciones las pondrá la autoridad estatal y no como antes ellas, debido a que estaban amparadas.
Ante la queja de las transportadoras de que las deudas por concepto de multas e infracciones son “impagables”, indicó que el gobierno del estado podrá acordar facilidades de pago, pero de ninguna manera la condonación de los adeudos.
Celestino Atienzo Beltrán, presidente de la Unión de Transportistas Turísticos y Terrestres de Baja California Sur, manifestó que el resolutivo de la Corte les causó sorpresa porque todas las instancias legales a las que recurrieron habían coincidido en que las transportadoras turísticas no estaban invadiendo otras esferas y por lo tanto tenían amplias posibilidades de ganar el amparo.
No obstante, indicó que acatarán la decisión de las autoridades judiciales por lo que buscarán el diálogo con el gobierno del estado para conocer cuál será la mecánica a seguir para prestar el servicio en zonas federales y lo relacionado con las multas.
Precisó que las infracciones que se han aplicado conforme a derecho ascienden a 60 millones de pesos; sin embargo, las autoridades estatales les han informado que la deuda asciende a más de 900 millones de pesos, que es una cantidad “impagable”.
Francisco Javier Rodríguez Madrigal, representante legal de los taxistas del municipio de Los Cabos, comentó que el conflicto con las transportadoras turísticas finalmente tuvo su desenlace, por lo que esperan que el gobierno del estado aplique las sanciones.
Sostuvo que con el dictamen de la Corte queda claro que para trabajar en las zonas de juridicción estatal se requiere un permiso de la autoridad local, por lo que las transportadoras turísticas deben limitar su acción a las áreas federales.
Consideró que los turistas no se verán afectados pues podrán transportarse en los taxis y de ser necesario el gremio podría adquirir unidades acordes con las necesidades de los visitantes.
Puntualizó que los taxistas de Los Cabos esperan que el gobierno del estado aplique las sanciones a concesionarios federales del transporte turístico que durante muchos años les hicieron competencia, ya que de no ser así “podríamos recurrir a movilizaciones”.