■ Procesos, contra Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez
Abren nuevos juicios contra miembros del Frente de Pueblos
Nuevos procesos penales “aparecieron” contra miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) detenidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, quienes ya fueron sentenciados a 67 años y seis meses de prisión, lo que da cuenta del “ensañamiento” del gobierno federal contra aquellos a los que considera líderes de un movimiento social, afirmó Nelly Urrutia, madre de Héctor Galindo.
Manifestó que se enteraron de las nuevas causas penales por conducto de la diputada del PRD Aleyda Alavez, quien ha dado seguimiento al punto de acuerdo aprobado en San Lázaro el pasado 23 de enero, mediante el cual se solicitó a las autoridades federales que gestionaran el traslado de Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Gochicoa y Felipe Álvarez Hernández a algún centro de readaptación social del estado de México.
En el oficio OADPRS/1635/ 2008, enviado por Rodrigo Esparza, comisionado de Prevención y Readaptación Social, a Armando Salinas Torre, ex subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se le informa sobre las causas penales que existen en contra de los integrantes del FPDT.
Según ese documento, fechado el 31 de marzo de 2008, están abiertas cinco averiguaciones previas en contra de Ignacio del Valle; Héctor Galindo, tres, y Felipe Álvarez, igual número. Todos están radicados en los juzgados primero, segundo y tercero penal de primera instancia en Texcoco. Por ello, y debido a que el perfil criminológico ubicó a los activistas como de “alta peligrosidad”, su traslado a una cárcel preventiva no es posible, señala el oficio.
Lo anterior, dijo Nelly Urrutia, a pesar de que desde su detención, en mayo de 2006, los dirigentes del frente únicamente fueron procesados por los delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación y transporte. Por las averiguaciones 91/06 y su acumulada 92/06, los activistas fueron sentenciados a 67 años y 6 meses de prisión.
Esta información corrobora, expresó Urrutia, que Del Valle, Galindo y Álvarez son “presos políticos” y que el gobierno federal hace uso indebido y manipula el sistema judicial para que los luchadores sociales sean víctimas de procesos injustos e ilegales que vulneran toda las garantías de un debido proceso legal.
Nelly Urrutia se presentó ayer a la conferencia de prensa que ofreció la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, con motivo del término de su visita a México. La mujer también resaltó la falta de sensibilidad de las autoridades, que han negado a Ignacio del Valle la posibilidad de comunicarse con su padre, el señor Miguel del Valle, de 90 años, quien se encuentra enfermo y lo único que pide es hablar con su hijo, a quien no ha visto desde hace dos años.
Al respecto, Trinidad Ramírez, esposa del líder del movimiento de San Salvador Atenco, dijo que ante la grave situación de su suegro, realizó una solicitud mediante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “donde nos dijeron que gestionarían una salida”; sin embargo, hasta ayer no tenía respuesta.