Valen madre a la autoridad las agresiones a periodistas, sostiene diputado panista
Las agresiones y amenazas a periodistas “a mucha gente le interesan, pero en lo general a las autoridades y a la sociedad les valen madre. En el Poder Legislativo, a parte de los legisladores les vale madre, a los gobernadores les vale madre y una parte importante de la sociedad no está consciente del valor y el bien público que representa la información ni los periodistas”, afirmó de manera crítica el diputado panista Gerardo Priego Tapia, durante el foro Cobertura del crimen organizado, en el cual informadores como Daniel Rosas, del diario El Mañana, de Nuevo Laredo, Carmen Aristegui y Lydia Cacho, hablaron de los riesgos que encaran los reporteros que informan sobre hechos relacionados especialmente con el narcotráfico.
Durante la conferencia, organizada por el Comité para la Protección de los Periodistas, en Casa Lamm, el legislador resaltó al final del acto, a petición de Andrés Oppenheimer: “en Buenos Aires mataron a un periodista y salieron 100 mil personas a las calles. En México cada semana los agreden o los desaparecen y nadie dice nada en lo general”.
Advirtió que los comunicadores deben estar atentos a las pretensiones de algunos grupos para “callar” a la prensa. Refirió que “la reforma electoral pasó en una semana en 26 estados de la República, pero la despenalización de la difamación y la calumnia tiene más de un año que se está promoviendo y sólo se ha aprobado en cinco estados, porque la mayoría sabe que con eso le ponen un pie en el cuello al periodista o lo amenazan con la cárcel”.
Daniel Rosas reconoció que en El Mañana hay autocensura al manejar información relacionada con el narcotráfico. Dijo que la primera agresión que sufrieron fue en 2004, cuando mataron al director editorial, Roberto Mora García, y en 2006, hombres armados entraron en la redacción, dispararon y lanzaron una granada. Esto “ocasionó que el periódico tuviera que limitarse en su cobertura, porque no hay garantías para publicar toda la información que requiere la sociedad”.
Lydia Cacho resaltó que “gracias a la solidaridad de todos los compañeros periodistas, tanto nacionales como del extranjero” se sintió “cobijada”, en los momentos en que haber contado en un libro una historia de pederastia la hizo blanco de agresiones para que se retractara de los resultados de su investigación. El caso, dijo, “muestra exactamente cuáles son las condiciones de la ausencia del estado de derecho en México y de los altísimos niveles de corrupción e impunidad que estamos viviendo”.
Alfredo Corchado, reportero del estadunidese Morning Dallas News, contó que cuando empezó a cubrir información relacionada con el crimen organizado en México, lo hizo “con la idea, con el mito de que como corresponsales estadunidenses somos cobijados”. Narró que tuvo que salir un tiempo de México, amenazado presuntamente por el narcotráfico. También dijo que por un recorte de personal, de 12 corresponsales de ese diario texano en México, ahora son sólo “dos y medio”, y que, a su parecer, “en Estados Unidos no hay la información suficiente que se debería tener sobre México, la frontera norte y el narcotráfico”.
Carmen Aristegui, quien fungió como relatora del encuentro, dijo que “no se les puede exigir heroicidad a los periodistas, ante un Estado incapaz de ofrecer las condiciones policiacas y de justicia para que la actividad periodística y todas las demás se puedan desarrollar en paz”. Agregó que “la justicia en México vive un colapso y el caso Lydia Cacho es muestra de ello”.
La periodista advirtió que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas “como figura está bien, pero si no hay quién la ocupe adecuadamente, pues resulta hasta contraproducente [...]. Cuidado con creer que por que se crean las fiscalías estamos del otro lado”.