■ En la denuncia no se acredita el delito ni su presunta responsabilidad, alega la defensa
Ante “inminente” orden de aprehensión solicitan amparo para Lucía Morett
■ Mejor Sociedad Mejor Gobierno la acusa de “terrorismo internacional y delincuencia organizada”
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Lucía Andrea Morett en imagen tomada el 10 de abril en Quito, Ecuador
Foto: Notimex
La defensa legal de Lucía Andrea Morett Álvarez, quien sobrevivió al ataque del ejército colombiano contra un campamento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantenían en Ecuador, solicitó ayer un amparo para evitar su detención, debido a la denuncia que una organización civil relacionada con grupos de ultraderecha presentó en su contra.
Hugo Rosas, litigante de la oficina de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, explicó que el amparo se solicitó frente a “la inminente” orden de aprehensión que se pueda dictar en contra de la joven, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la UNAM.
Los argumentos que la defensa esgrime en el documento de amparo son que “la probable orden de aprehensión no cumple con los requisitos constitucionales debido a que no se acreditó el cuerpo del delito en la denuncia ni su presunta responsabilidad”, y que que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha citado a declarar a Lucía ni al resto de los jóvenes demandados por la organización Mejor Sociedad Mejor Gobierno, dirigida por Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega, personajes ligados a sectores ultraconservadores, quienes sostuvieron en abril pasado una reunión con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el contexto de la visita del mandatario a México.
Asimismo, el abogado informó que el juzgado quinto de distrito en materia de amparo de Toluca otorgó una suspensión provisional en favor Mariana López de la Vega, Desireé Robledo Torrado y Miguel Ángel Aguilar González, jóvenes mexicanos que asistieron al Segundo Encuentro Bolivariano de los Pueblos, realizado en Ecuador, e integrantes de la Cátedra Libertador Simón Bolívar de la FFL, también demandados por Velasco Arzac y Ortega.
La denuncia de la ONG –integrada con recortes periodísticos– acusa a Morett Álvarez y otros mexicanos que se hallaban en el congreso, de “terrorismo internacional, delincuencia organizada, apología del delito y los que resulten”.
El abogado subrayó que existen diversas irregularidades en el proceso en contra de los universitarios, debido a que el Ministerio Público federal “ni siquiera les ha notificado que existe una denuncia en su contra ni los ha citado a declarar, pese a que se han iniciado las indagatorias. Esto vulnera sus garantías al debido proceso porque el primer acto que la autoridad debe realizar en un proceso penal es citar al presunto responsable para que declare”.
Hugo Rosas anticipó dos escenarios: que la PGR consigne ante un juez y se otorguen las órdenes de aprehensión contra Lucía y el resto de los acusados –que no se podrán ejercitar contra quienes obtuvieron la suspensión provisional– o que las averiguaciones previas se dilaten.
Confió en la inocencia de sus defendidos y en que durante este proceso judicial “la PGR cumpla y respete las garantías de las personas señaladas en la denuncia”; amén de que el amparo tramitado en favor de Morett Álvarez reciba la misma respuesta que el de sus tres compañeros, pues se presentó con las mismas bases.