Hace 30 años desfiló por primera vez un contingente gay en una marcha, el 2 de octubre de 1978. Fue un momento histórico, la visibilidad pública y asumida de un colectivo hasta entonces subterráneo y sólo exhibido para el escarnio del moralismo religioso o el dogmatismo estalinista. La opción política de las mujeres y hombres gays que comenzaron a organizarse en la época fue la izquierda, aun a contracorriente de varias de sus tendencias que miraban con recelo homofóbico y hasta con rechazo ideológico (“No permitamos, compañeros, representantes de la decadencia burguesa”) la presencia homosexual en esas primeras movilizaciones ciudadanas.

A la distancia la visibilidad en centros urbanos es innegable, como demuestra la cada vez copiosa y festiva marcha del orgullo LGBT el último sábado de junio, por el lado simbólico, o la discusión pública sobre los derechos de gays y lesbianas, en el espacio de la construcción de ciudadanía. El más destacado sin duda es la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia en el DF y la de uniones civiles en Coahuila. Detrás viene el cambio social, más lento, si consideramos el todavía importante nivel de homofobia prevaleciente, según las encuestas.

La homofobia continúa siendo un signo de identidad de la derecha, mientras que la izquierda, a regañadientes, parece por fin aceptar que la diversidad sexual es un tema obligado en su agenda. Por el lado de la justicia, los crímenes de odio por homofobia siguen siendo un hecho grave, ignorado y no suficientemente valorado por las autoridades judiciales de todos los niveles de gobierno. Con todo, los avances son irreversibles y tienen sustento constitucional, con la prohibición de la discriminación de cualquier tipo en el artículo cuarto. Es el comienzo del reconocimiento de que el combate a la homofobia y la defensa de los derechos de la diversidad sexual es un asunto que compete a toda la sociedad.