Insiste el Estado en criminalizar la lucha social
A pesar de los cambios de gobierno que ha habido en el país, el Estado mexicano mantiene su posición de generar las condiciones político-económicas para criminalizar la lucha social, la cual de manera recurrente se gesta entre la población por el descontento e inconformidad por el actuar gubernamental, consideraron familiares, abogados y colectivos defensores de derechos de presos políticos.
Al participar en la mesa Presos políticos, de la jornada A 10 años de la masacre de El Charco, realizada en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, expusieron que contrariamente a los señalamientos del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en el país “sí hay presos políticos y la realidad ha demostrado ser más terca que él”.
“Necedad, no reconocer la existencia de presos políticos”
“Es una necedad del Estado mexicano no reconocer la existencia de presos políticos, debido a que se trata de un delito de lesa humanidad que es competencia de la Corte Penal Internacional, adonde se puede acudir frente a la inoperancia y abulia del gobierno mexicano para investigar este delito”, se señaló.
En el encuentro universitario, representantes del Comité Verdad, Justicia y Libertad Gloria y Jacobo expusieron que con la llegada de los gobiernos panistas ha crecido la “criminalización de los derechos humanos”, toda vez que al haber una defensa de estas garantías el Estado se vale de recursos judiciales para prolongar o ampliar las condenas.
Esta situación, ejemplificaron, la padecen desde 1999 Jacobo Silva Nogales, ex integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y Gloria Arenas Agis, quienes –señalaron– fueron detenidos de manera arbitraria, torturados y sometidos a procesos llevados de manera irregular, porque “las sentencias no se apegaron a la legalidad”. Actualmente, insistieron, cada uno purga una pena acumulada de 46 años de prisión, y los magistrados han reconocido que “no son delincuentes, sino presos políticos”, porque los sentenciaron, entre otros, por el delito de “rebelión”.
Integrantes del Colectivo de Abogados Zapatistas explicaron que en el país el Estado crea las condiciones políticas e ideológicas para agredir a la población.
Ejemplo de la criminalización de los movimientos sociales es la reciente reforma judicial constitucional, donde se sustituye el principio de inocencia y queda establecido de facto el de culpabilidad, “donde todos debemos demostrar que somos inocentes”, apuntó por el colectivo Juan de Dios Hernández.