■ Es acusado de desaparecer a más de 200 personas durante su gobierno de facto
Declararán 80 militares en juicio contra el ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez
■ Las comparecencias se iniciarán el 18 de junio, asegura la fiscal Mirtha Guianze
Montevideo, 31 de mayo. Un total de 80 militares retirados deberán declarar ante la justicia uruguaya como testigos en una causa contra el ex dictador Gregorio Álvarez, acusado de la desaparición de unas 200 personas durante su régimen (1973-1985), reportaron hoy medios locales.
Álvarez, de 82 años, está en prisión por ese proceso desde finales de 2007.
Según publicó el diario Últimas Noticias, comparecerán ante la justicia 70 ex integrantes del comando del Estado Mayor del ejército durante la gestión de Álvarez, así como ex secretarios y funcionarios allegados.
También deberán declarar, desde el 18 de junio, 10 comandantes que en 2006 firmaron junto con Álvarez una carta en la que asumieron la responsabilidad de lo ocurrido durante la dictadura.
La misiva, rubricada y difundida en mayo de 2006, se convirtió en apoyo de las jerarquías militares a las acciones realizadas durante la dictadura, cuando cobraron impulso las causas por violaciones a derechos humanos en esa época.
Entre 1978 y 1979 Álvarez ejerció como comandante en jefe del ejército y posteriormente fue designado de facto presidente hasta 1985, cuando comenzaron las negociaciones para la reapertura democrática.
La dictadura militar se extendió de 1973 a 1985, y durante ésta se produjo una dura represión contra organizaciones como los tupamaros y otras que se alzaron en armas desde finales de los años 60.
La fiscal Mirtha Guianze indicó que el juez penal Luis Charles, quien tiene a su cargo procesos contra ex militares por violaciones a los derechos humanos, comenzará estas indagaciones el 18 de junio a razón de seis oficiales por día.
Unos 200 uruguayos desaparecieron durante el gobierno militar, la mayoría secuestrados en Argentina en operaciones conjuntas realizadas por las fuerzas de seguridad de los gobiernos militares de la época en la región.
Si bien en Uruguay hay una ley de amnistía para policías y militares acusados de crímenes cometidos durante dicho periodo, más de una decena fueron enviados recientemente a prisión, cuando el gobierno excluyó de la norma varios casos de desaparecidos alegando que el delito inicial –secuestro– se cometió fuera del país.