■ Aurora Cortina denuncia ante la CIDH despido del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
México, en el umbral de una vergüenza internacional: ex magistrada defenestrada
■ El país perderá el litigio, advierten en la cancillería
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El Estado mexicano está a punto de “sufrir una vergüenza” internacional, aseguró la ex magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), Aurora Cortina González Quijano, quien interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra ese órgano de justicia –que está por analizarse– por despido “injustificado y arbitrario” en 2002.
En entrevista, Cortina afirmó que se ha reunido en varias ocasiones con el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, quien le ha manifestado que “México no tiene defensa ante ese caso ni probabilidades de éxito” por lo que perderá el litigio internacional.
Rechazo a una resolución amistosa del caso
La ex magistrada –hija de Alfonso Cortina Gutiérrez, uno de los fundadores de ese tribunal– afirmó que lo único que pide es la resolución amistosa del conflicto para que se le reinstale en su cargo y se le repare el daño, solución que se le ha negado insistentemente por las autoridades del TFJFA, pues no han recibido a Gómez Robledo para llegar a un acuerdo y que el caso no se analice en la CIDH.
Desde que nuestro país está sujeto al escrutinio internacional, esta es la primera ocasión que un tribunal mexicano está demandado ante la CIDH. Cortina subrayó que los dos tribunales del país serán investigados de manera simultánea por ese instrumento de la Organización de Estados Americanos, ya que la periodista Lydia Cacho demandará en breve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que “no es una buena noticia para México que será visto como violador de los derechos humanos” a escala internacional, aseguró.
La ex magistrada, que en 2002 fungía como directora del Instituto de Estudios de Justicia Fiscal y Administrativa del TFJFA, escribió un artículo sobre la autonomía de ese órgano judicial en el que propuso la creación de la carrera judicial y de un consejo de la judicatura dentro de éste.
El entonces presidente del tribunal, Alejandro Sánchez Hernández –cercano al entonces consejero jurídico de la Presidencia de la República y actual suprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro–, consideró el texto de “subersivo y contrario a la política de Vicente Fox”, por lo que pidió la renuncia de la autora.
La ex magistrada, con 23 años de servicio público, se negó a renunciar, pero vio truncada su carrera porque se le expulsó “de manera arbitraria” y se nombró en su lugar a Federico Saviñón, amigo de Sánchez Hernández. “Juntos realizaron una serie de actos de corrupción” en el tribunal, afirmó.
De manera paradójica, en enero de este año el Diario Oficial de la Federación publicó la nueva Ley Orgánica del TFJFA, cuya base se fundó en el artículo “subersivo” escrito por la ex magistrada, “con lo que se acredita la violación a mis derechos humanos”.
Al haber agotado todas las instancias internas para obtener su reinstalación, incluido un punto de acuerdo emitido por el Senado en 2002 que rechazó el tribunal, Cortina acudió a la CIDH, que admitió su queja en agosto de 2006, y advirtió que de persistir la actitud evasiva de las autoridades continuaría con su demanda pese a la “vergüenza” para el país.
Cortina acusó a Castro Lozano de detener la resolución del conflicto, pues aunque desde hace varios meses el subsecretario Gómez Robledo ha insistido en reunirse con el actual presidente del TFJFA, Francisco Cuevas Godínez –cercano a Castro– el encuentro no se ha efectuado.
“¡No es creíble que se le niegue por meses una entrevista a un subsecretario! Él mismo ha insistido que lo mejor es una solución amistosa, porque México no tiene defensa en ese caso.”
Ante su “frustación” el pasado 14 de abril Cortina envió una carta al presidente Felipe Calderón, en la que le expone el problema y le solicita su intervención para la resolución del mismo debido a que “la cancillería está consciente de que las probabilidades del Estado mexicano de defenderse en la CIDH son mínimas”.