■ Productores rurales deciden mantener el paro hasta el martes

Gobierno argentino reduce 5.3% el impuesto a exportaciones de soya

Stella Calloni (Corresponsal)

Buenos Aires, 29 de mayo. El gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy la modificación en el esquema de las retenciones móviles en exportaciones de soya, intentando poner fin a la parálisis de la negociación con cuatro entidades del campo que mantienen un paro desde mediados de marzo pasado –con algunas treguas– y que esta noche decidieron continuar la medida hasta el próximo martes.

El jefe de gabinete Alberto Fernández dijo esta noche que lamentaba la posición de los dirigentes y que si estas correcciones no alcanzan es porque “hay otro objetivo detrás”, considerando inadmisible esta protesta por las formas que ha tomado, y llamó a recuperar la sensatez.

La asamblea de productores de Gualeguaychú, Entre Ríos, encabezada por Alfredo de Angelis, presidente de la Federación Agraria de esa provincia, resolvió bloquear carreteras en repudio a los anuncios, lo que complicó nuevamente el tránsito en una ruta clave.

Precisamente es la actitud beligerante y agresiva de De Angelis lo que recalienta el conflicto y también creó una visible división entre las cuatro entidades, que se habían unido para resistir el nuevo sistema de retenciones móviles.

Después de una reunión con la mandataria, el jefe de gabinete y el ministro de Economía, Carlos Fernández, acompañados por varios gobernadores, informaron sobre las medidas que en el caso de la soya significa una baja en las tasas actuales y ratificaron y mejoraron los subsidios anunciados para los productores pequeños y para los que se encuentren en zonas extrapampeanas.

“Hemos hecho algunas modificaciones con el propósito de preservar el funcionamiento de los mercados a futuro y privilegiar el maíz y el trigo”, dijo Fernández.

Los impuestos a las exportaciones de soya, si el precio oscilara entre los 600 y 750 dólares, bajará de 58 por ciento actual a 52.7, medida que significa una modificación en lo anunciado el pasado 11 de marzo y que generó el conflicto.

En el caso del maíz, se pasará de un alícuota de 53.8 por ciento a 45 por ciento; en el girasol, con un precio de 900 dólares, las retenciones bajarán de 59.1 a 52.7 por ciento. En el trigo de 46 a 41 por ciento.

Formalmente, el aumento a las retenciones se mantiene, pero se modifica el esquema en el trayecto de la curva impositiva que era que lo que más parecía disgustar a los productores.

El anuncio se hizo después de la decisión gubernamental de no recomenzar el diálogo ante la virulencia y las expresiones cercanas al “golpismo” de algunos dirigentes en un acto realizado en Rosario, Santa Fe, el pasado 25 de mayo.

En relación a ese acto, familiares de detenidos-desaparecidos de la pasada dictadura dijeron hoy que uno de los productores participantes que estaba en el palco del acto de los ruralistas junto a De Angelis era Julio Méndez, procesado en una causa por violaciones a los derechos humanos como dueño del lugar donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como “la Quinta de Méndez”, en Tandil, provincia de Buenos Aires.

En tanto, mientras la mesa de enlace de las entidades ruralistas analiza sus próximos pasos, Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, dijo que el lunes habrá una fuerte movilización de adhesiones y ceses parciales de actividades en algunos sectores en favor de los reclamos del campo, lo que remplaza a la idea de un paro general que se estaba planeando en las últimas horas.

Ninguno de los dirigentes comentó las declaraciones del jefe de Gabinete, quien además del anuncio hizo un pormenorizado análisis de todo lo sucedido en el campo en los últimos años y de los cambios entre 2003 y 2007 favorables al sector del campo. Explicó también la necesidad de las retenciones, para amparar los precios al consumidor interno y mencionó la necesidad de recuperar la siembra de trigo y maíz, que fueron disminuidas ante el empuje de la soya, con todas sus consecuencias. También se refirió a que más de 58 por ciento de los trabajadores del campo están en “negro” (ilegales) y en algunos lugares esta cifra alcanza 70 y 80 por ciento.

Asimismo hizo referencia a los grandes beneficiarios del avance soyero, como los grandes inversores que han distorsionado la situación del campo.

En tanto, un paro de trabajadores petroleros en el sur del país está complicando por estas horas la situación energética, agravada por la ola polar que atraviesa el país y creando otro frente al gobierno.