Los males del mal menor
La noche del domingo 18, varios vehículos con sicarios uniformados y paramilitarizados toman por asalto la población de Villa Ahumada, en medio del desierto que separa a Ciudad Juárez de Chihuahua, y ejecutan a seis personas, entre ellas a dos policías municipales. Tres días después los ocho agentes que restan renuncian, como lo habían hecho dos meses antes los policías del puerto fronterizo de Palomas.
Hechos como este hacen que muchos sectores de la población vean con alivio y grandes expectativas la presencia del Ejército y la Policía Federal dentro del Operativo Chihuahua. Algunos la presentan como el mal menor, dado el nivel de infiltración y la incapacidad de los cuerpos policiacos locales. Pero apenas a dos meses de su inicio, el mal menor muestra sus limitaciones y sus perjuicios:
Del primero de enero al 24 de mayo van 413 ejecutados, entre ellos 26 policías y dos militares en el estado de Chihuahua. Ya se superaron las 317 ejecuciones de 2007. La misma noche del 9 de mayo, horas después de que todos los secretarios de Estado del gabinete de seguridad y el propio gobernador hacen cuentas alegres de los logros del operativo, es ejecutado el comandante en jefe de la policía municipal de Ciudad Juárez. Siguen dos semanas de ejecuciones a lo largo de toda la entidad.
Las violaciones a los derechos humanos por parte de los federales no se han hecho esperar. Van casi una treintena de quejas presentadas ante los organismos respectivos. La más grave de ellas: el asesinato del joven Héctor Carrillo Soto, de 21 años de edad, por elementos de la Policía Federal el domingo 4 de mayo, en el poblado de San Agustín, municipio de Juárez. El vehículo en el que viajaba en el asiento del copiloto fue baleado por atrás por una patrulla, habiéndole penetrado una ojiva por la espalda para destrozarle todos los órganos de la parte superior del tórax. La gente del pueblo, enardecida, quemó la camioneta doble cabina número 11042 de la Policía Federal. Hasta el momento no hay ningún policía detenido por el homicidio, ni siquiera se ha presentado a los presuntos responsables. Todas las evidencias del asesinato, incluido el automóvil, fueron alteradas o destruidas.
Y no hay trazas de que las cosas mejoren: empiezan a multiplicarse las amenazas de secuestro, así como los robos y los asaltos. El fin de semana del 24 de mayo cunde una amenaza por el ciberespacio conminando a los juarenses a permanecer en sus domicilios esas noches porque habría numerosas ejecuciones. El domingo 25 aparecen mantas en varios lugares públicos de la capital del estado con las narcolistas de los elementos policiacos ejecutables.
Si la participación del Ejército en tareas de seguridad pública se concibe como un mal menor, éste debe cumplir cuando menos dos requisitos: ayudar a evitar males mayores y ser de carácter provisional, mientras se restablece la normalidad. Ninguna se cumple en el caso del Operativo Chihuahua.
El que se hayan evitado males mayores es sólo una hipótesis apologética: la población se pregunta si la escalada de ejecuciones, de violaciones a los derechos humanos, si los allanamientos sin orden de cateo, si las condiciones de estado de excepción, no son males mayores, sobre todo cuando no se han dado golpes definitivos al narcotráfico, ni ahuyentado a los sicarios. Por otra parte, no se ve cómo se vaya a terminar la provisionalidad de este mal menor. No hay una hoja de ruta que establezca los prerrequisitos que deben darse para que los militares retornen a sus cuarteles, ni se hacen explícitos los indicadores de desempeño bajo los cuales se evaluarán sus operativos, ni se perciben una estrategia o un sólido curso de acción para depurar a las policías. Se arriesgan el estado de derecho, las garantías individuales, el mismo Ejército en aras de una muy inane y poco efectiva demostración de fuerza del Estado.
Parece que es el sino de Calderón en todas las crisis que enfrenta, la energética, la alimentaria, la de seguridad: despliegues mediáticos pero ineficaces para lidiar con las consecuencias de los problemas, para escapar del enfrentamiento a las causas profundas de los mismos. El aparato con que se operan los males menores, privatización energética, apertura a la importación de alimentos, despliegue de tanquetas y equipos militares, es una cortina de humo, una coartada, para no bregar con todo lo que contribuye a torpedear la seguridad humana global de las y los mexicanos: la pobreza, la desigualdad, la abdicación de la soberanía, el sometimiento a los poderosos, el torcer la ley para beneficio de unos cuantos.