La gestión de la emergencia
Como se prometió en campaña electoral, el primer consejo de ministros del nuevo gobierno italiano encabezado por Silvio Berlusconi se realizó el pasado 21 de mayo en Nápoles, la ciudad del sur italiano recientemente puesta al centro de la emergencia por la basura. En la reunión gubernamental se anunciaron algunas decisiones que se estarán traduciendo en proyectos de ley y en decretos legislativos. Con el evidente deseo de satisfacer las promesas electorales de una campaña que se ha sostenido sobre el ambiguo tema de la seguridad, el nuevo gobierno lanza una serie de iniciativas legislativas que no sólo levantan dudas acerca de su posible eficacia, sino que también denuncian por un lado la visión represora del nuevo equipo de gobierno y por el otro la necesidad apremiante de gestionar las emergencias, verdaderas o presuntas, que afectan a la bota itálica.
El paquete normativo se rige sobre dos ejes: la emergencia basura y el tema seguridad. En el primer caso, el gobierno de Berlusconi asegura poder resolver el problema que “está desde hace tiempo dañando la imagen del made in Italy en el mundo” en tiempos relativamente cortos –“treinta meses”–, decretando la construcción de un número no precisado de nuevos tiraderos y de al menos cuatro termovalorizadores –así se llama a los incineradores de “nueva generación”–, mismos que producen polvos tan finos y difíciles de procesar que Italia tiene que enviarlos a Alemania, el único país en Europa con capacidad de procesamiento de los mismos. Para dirigir toda la operación se nombró a Guido Bertolaso, personaje institucional oscuro por su pasado y su actitud. Arrogante y presumido, Bertolaso es desde 2001 jefe del Departamento de la Protección Civil nacional, la única institución italiana exenta en cuanto a la transparencia en la gestión de sus fondos económicos. ¿Será por esta razón que hoy se le encarga la gestión de la emergencia por la basura en Nápoles? ¿Para que los fondos destinados a la emergencia nunca sean auditados? Frente a las protestas que se preanuncian intensas y determinadas –sólo el día de la reunión del consejo de ministros hubo 15 manifestaciones en Nápoles–, el gobierno ha decretado que todos los tiraderos de la región serán zona de relevancia estratégico-militar, lo cual significa no sólo que serán protegidos por las fuerzas armadas, sino también que quienes intenten cualquier tipo de protesta en las inmediaciones de los mismos –bloqueos, marchas, mítines, etcétera– se arriesgarán a sufrir de tres meses hasta cinco años de cárcel.
En el caso del tema seguridad, la llamada emergencia no es tal –la tasa de delitos ha bajado en tres puntos porcentuales en el último año–, sino que ha sido inflada en la reciente campaña electoral. Los culpables de todo desorden y delito han sido desde hace semanas señalados entre los migrantes –sobre todo los irregulares–, por lo tanto el nuevo ministro de Interiores, exponente de primer plano de aquel partido –la Liga Norte– que ha construido su propio éxito electoral con su descarado racismo, ha echado mano a la ya muy restrictiva normativa en vigor. Por un lado la introducción del delito de “inmigración ilegal” –que se castiga desde uno hasta cuatro años de cárcel–, lo cual no sólo criminaliza a quienes por evidentes razones no logran conseguir los papeles para ingresar a Italia o para permanecer en el país, sino que dificulta posteriormente la posibilidad de pedir refugio o asilo en Italia. Se aumenta de seis hasta 18 meses el tiempo de posible permanencia en los centro de detención para migrantes, anticipando, según presumió el mismo ministro, la próxima directiva europea (de la que ya hablamos: La Jornada, 18 de mayo de 2008). Aún más aberrantes parecen otras dos normas introducidas. La primera tiene que ver con la constitución de un banco de ADN para todos los migrantes que pasen las mallas de la justicia italiana, la segunda otorga poderes especiales a los alcaldes para que puedan negar la residencia legal en su territorio a todos aquellos ciudadanos de la Unión Europea que habiendo decidido quedarse en Italia a vivir no puedan demostrar tener una vivienda y un ingreso adecuado.
Esta la situación actual. Un gobierno de derecha que aplica una política de derecha. Hasta aquí, ninguna objeción a la coherencia. Más bien una simple denuncia de la acción represiva de una clase política, la italiana, que está dando muestras claras de una visión racista y de clase que busca penalizar como siempre a los más desprotegidos, sean ellos ciudadanos italianos que viven las emergencias que este sistema productivo y social crea y no dejará de crear, sean ellos ciudadanos extranjeros que en Italia sueñan con una vida mejor. Un ataque frontal a toda diferencia, pero no para restaurar la igualdad de derecho y oportunidad que todo ciudadano debería gozar, sino para acabar con los diferentes y con todos aquellos que se oponen a este modelo, el post neoliberal. Una intervención clara de la institución estatal ahí mismo en donde las vanagloriadas leyes de mercado han fallado. Una intervención estatal que, dicho sea de paso, trata de incidir en el tejido social siempre y de todas formas a favor de los grandes intereses, legales e ilegales, que gestionan el negocio de la basura y que aprovechan la fuerza laboral migrante y precaria.