■ El CDHFBC señala la falta de voluntad del gobierno de Chiapas para respetar las garantías
Defensores de derechos humanos reprueban trato cruel a presos políticos del penal El Amate
■ Fue la estructura judicial encabezada por Rodríguez Lozano la que instrumentó el “castigo”
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) reprobó “los tratos crueles e inhumanos y el traslado forzado contra los presos políticos del penal El Amate, Chiapas”, pues la dispersión “es una forma de castigo que viola los derechos de los detenidos”.
La medida aplicada la madrugada del martes contra los miembros de la Voz del Amate “contraviene los compromisos del gobierno y es un golpe al proceso iniciado de búsqueda de la justicia”.
De acuerdo con el centro, cuyo equipo jurídico sigue el proceso de estos reclusos, “con el desmantelamiento de La Voz del Amate y el ‘grupo de presos zapatistas’, el gobierno del estado deja clara su falta de voluntad para respetar los derechos de las personas privadas de su libertad”, consagrados en diferentes instrumentos internacionales firmados por México.
El golpe asestado por las autoridades de justicia se da en un momento en que de manera súbita arrecia el hostigamiento militar, policiaco, paramilitar y partidista contra las bases de apoyo zapatistas en diversas regiones. También cuando sube de volumen la pugna por el poder en el gobierno estatal, protagonizada por el ministro de Justicia, Amador Rodríguez Lozano, y su antecesor, el ex fiscal Mariano Herrán Salvatti (hoy secretario de Economía, con sede en Tapachula).
Fue la estructura judicial encabezada por Rodríguez Lozano la que instrumentó el “castigo” a la Voz del Amate. Ya había amenazado días atrás el director de las cárceles de Chiapas, Juan Jesús Mora Mora: “una denuncia, un movimiento o una huelga más no lo vamos a permitir; serán trasladados”.
El comité Voces Inocentes, formado por ex presos y familiares, realizó un plantón en la capital chiapaneca y también fue agredido por la policía. De acuerdo con el CDHFBC, “la falta de atención a las legítimas demandas de los presos y excarcelados provoca el uso del derecho de protesta, que al castigarla genera nuevos enconos sociales y responsabilidades por violaciones a derechos humanos”.
La agresión impidió que los internos realizaran una jornada de ayuno, programada para el martes, ante el incumplimiento del gobierno de Juan Sabines, que se comprometió a revisar 14 casos después de la liberación de más de un centenar de presos el 7 de abril, como efecto de una huelga de hambre que duró más de un mes.
El violento operativo del grupo Lobo en la cárcel de Cintalapa significó la dispersión de los reos que han luchado de manera pacífica por su libertad. El ataque se planeó con el aparato de corrupción intrapenitenciario, cuya colaboración con las autoridades se ha demostrado repetidamente. Según testimonio de otros internos, desde la noche del lunes la población carcelaria “fue encerrada en sus celdas con candados, debido a que en otras ocasiones ha protegido a los presos políticos de las agresiones de las autoridades”.
La mañana del martes, apunta el CDHFBC, “los supuestos representantes de módulos, o ‘precisos’, obligaron a la población a firmar hojas en blanco, al parecer con el fin de legitimar el traslado como una petición de los propios internos”. Ello “indicaría la connivencia de las autoridades”.
La redada y el desalojo se realizaron con violencia, “atentando contra la integridad física de los presos; no les permitieron recoger sus pertenencias, les hicieron salir descalzos, y antes de trasladarlos a diversos penales fueron concentrados en un lugar desconocido de Tuxtla Gutiérrez, donde fueron golpeados”.