■ Durante dos horas rindió su testimonio como víctima de los hechos
Flavio Sosa entregó a magistrados “pruebas” de la represión en Oaxaca
La comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga si hubo violaciones a los derechos humanos en el conflicto de 2006 en Oaxaca posee información certificada que documenta que autoridades federales, estatales y municipales afectaron las garantías de cientos de personas de esa entidad, informaron ayer integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
Flavio Sosa y César Mateos, quienes durante dos horas dieron sus testimonios como víctimas de esos hechos ante los magistrados federales Roberto Lara y Manuel Baráibar, indicaron que los juzgadores cuentan con pruebas que supuestamente comprueban actos de tortura, violación a los derechos humanos y al debido proceso de quienes –como le ocurrió a Sosa– pasaron varios meses en prisión sin que se les pudiera comprobar responsabilidad penal alguna.
A su vez, la diputada federal Aleida Alavez, quien acompañó a Sosa y Mateos en su encuentro, reveló que a más tardar en septiembre próximo los magistrados emitirán un informe sobre la investigación del caso.
Al referirse al conflicto magisterial y social que inició en Oaxaca en 2006 por diferencias con el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, y que a la fecha continúa vigente, la legisladora perredista indicó que los magistrados deben abrir su espectro de investigación para que no queden impunes las autoridades que resulten responsables de esos hechos.
“Nosotros pedimos que toda esta información quede bien documentada, certificada, que haya de parte de la SCJN y de los magistrados que llevan la investigación esta solicitud a las autoridades para saber quién habilitó las órdenes para esta represión en Oaxaca; para que llegara la Marina, la Policía Federal Preventiva (PFP); para que se diera el traslado de los compañeros a penales de alta seguridad, cuando sus presuntos delitos son del fuero común, y para dar con los responsables de la violación constante de garantías de los presos, porque no se les hizo valer el debido proceso”, agregó la diputada.
Flavio Sosa reveló que durante la entrevista con los magistrados Roberto Lara y Manuel Baráibar les entregó diversos expedientes “mediante los cuales pruebo que durante más de un año y medio estuve preso injustamente y se violaron mis garantías individuales y constitucionales, así como la de muchos oaxaqueños”.
Añadió que también presentó “una reseña general de cómo se desarrollo el movimiento de 2006 y 2007 en Oaxaca; documenté lo que considero que son las violaciones de casos individuales por tortura de decenas de compañeros y asesinatos de otros más; reseñé también las violaciones de la PFP; la complicidad de la clase política a escala nacional con el poder en Oaxaca, y les dije cómo el gobierno del estado ha usado los dineros para reprimir y contener un movimiento social en el cual se expresaron cerca de millón y medio de personas”.
Finalmente, César Mateos, de la comisión de prensa de la APPO, refirió que él fue reprimido severamente por agentes federales durante el conflicto de 2006, y refirió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le “practicó” el Protocolo de Estambul, en el que “se demostró que fue sometido a actos de tortura”.
La comisión especial para el caso Oaxaca tiene cómo limite el próximo mes de septiembre para ofrecer un resultado de la indagatoria prevista.