■ En el análisis de la Cuenta Pública de 2006, detecta la ASF graves irregularidades
Caen en hoyo negro $4 mil 525 millones transferidos a estados y municipios
■ Opacidad en manejo de fondos, dispendio y deshonestidad dan pie a miles de observaciones
Las incidencia de irregularidades y opacidad en el manejo de los recursos federales transferidos a estados y municipios, cuyo destino final serían los programas de combate a la pobreza, propició afectación al erario en el ultimo año de gobierno de Vicente Fox por 4 mil 525 millones de pesos, denuncio la Cámara de Diputados.
Al continuar el análisis del informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2006, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Antonio Ortega Martínez, reveló que en el transcurso de 2005 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió 2 mil 628 observaciones sobre el gasto público federal destinado a los estados, y un año después esa cifra creció hasta llegar a 5 mil 808 observaciones.
El perredista Carlos Altamirano criticó el escaso rigor y la complicidad en el manejo de los recursos públicos que cada día se presenta en las arcas de los gobiernos estatales: “El 60 por ciento de los recursos federales destinados a los estados no se ejercieron y se fueron a engordar las cuentas bancarias que no admiten fiscalización por parte de los gobiernos de los estados. Mi pregunta es: ¿qué vamos a hacer para impedir estas tropelias?”
La ausencia de transparencia en el manejo de los recursos públicos propicio que el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, Roberto Michel, urgiera a la Comisión de Vigilancia a exigir a la ASF un reporte especial en el que se desglosen, por entidad federativa, las 3 mil 267 acciones promovidas en las entidades federativas.
“Es clara la necesidad de que la ASF y las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales deben continuar perfeccionando sus mecanismos de revisión y coordinación, para que la acción fiscalizadora erradique los actos indebidos en el uso de recursos públicos en estados y municipios, y promueva la eficiencia en su aplicación, de forma que la rendición de cuentas no sea un mero ejercicio de recomendaciones reiterativas a los entes, sino verdaderas instancias de control y vigilancia”.
Entre las conclusiones de la Comisión de Vigilancia resaltó la necesidad de fortalecer la autonomía de gestión de los órganos de fiscalización superior en los estados y en el Distrito Federal a raíz del manejo discrecional de los recursos federales en estados y municipios, porque éste “parece indetenible y fomenta la impunidad de las autoridades”.
A partir de la revisión de la cuenta pública 2004, la ASF emitió mil 203 observaciones sobre el gasto incorrecto de los estados y municipios auditados; además dictaminó la ejecución de mil 285 acciones de resarcimiento y fincamiento de responsabilidades administrativas ante la Secretaría de la Función Pública, y las correspondientes denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Un año después, en la revisión de la Cuenta Pública 2005, “el problema se agravó, pues la deshonestidad se duplicó”, para alcanzar 2 mil 328 observaciones y 2 mil 473 acciones de resarcimiento.
“Pero lo más grave del caso aparece en la Cuenta Pública 2006, cuando nuevamente se duplicó el número de observaciones para alcanzar las 5 mil 808 y dictaminar seis mil 405 acciones de resarcimiento o fincamiento de responsabilidades. Lo anterior ejemplifica que la administración pública estatal y municipal ha sido omisa en la modernización de su administración y demuestra una grave y creciente deshonestidad en el gasto público”, refiere el órgano camaral.
La recurrencia en el desvío de recursos destinados a programas de apoyo a la población con menor desarrollo por las autoridades estatales y municipales manifiesta mínima voluntad política para contribuir a la transparencia en el gasto público y unirse al combate a la corrupción, añade.
“El fracaso de muchos de los programas de desarrollo de infraestructura, de educación, y salud que la Federación respalda con recursos adicionales para los estados y municipios, no obedece hoy a la falta de apoyo económico, sino al desvío de recursos para el beneficio personal de los servidores públicos estatales y municipales.”