Critican trabajo de Valdés Zurita
Aunque formalmente la nulidad abstracta quedó eliminada con la pasada reforma electoral, para Manuel González Oropeza, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el concepto de nulidad seguirá vigente cuando exista una violación generalizada y grave de principios constitucionales en una elección, porque son principios que deben salvaguardarse. Hay una tesis de la Sala Superior que así lo determina, por lo que aun cuando ya no se le denomine abstracta persistirá esta causal bajo esas condicionantes.
En el contexto del foro denominado El futuro del derecho electoral, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, diversos especialistas coincidieron en cuestionar duramente la gestión, recién iniciada, del consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, y advirtieron que bajo la lógica de trabajo que impera en ese organismo difícilmente podrá recuperar la credibilidad perdida en 2006.
Rubén Lara, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, deploró las ocurrencias y frivolidades que ha impulsado Valdés con la denominada oferta de “vitrinización” de las boletas, el aumento casi inmediato a sus salarios y la incapacidad para construir acuerdos colegiados, incluyendo para la designación de funcionarios. Hay una ineludible falta de oficio con la nueva integración del IFE.
Más adelante criticó la postura que en su momento asumió Valdés, de haber cabildeado intensamente con los legisladores para lograr su aspiración de llegar al IFE, de lo que se desprenden suspicacias sobre los ofrecimientos que haya hecho para lograrlo.
Francisco de Andrea, del IIJ arremetió contra la debilidad que ha mostrado el IFE frente a las violaciones en que han incurrido las televisoras y el desafío que esto ha supuesto a la autoridad.
Por su parte, Ricardo Valero, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, centró sus críticas contra el IFE en dos decisiones: eludir la investigación de fondo de los espots no reportados de 2006 por los partidos políticos y sancionar con igual rasero a los involucrados en la guerra sucia, tanto los beneficiarios como los afectados.