Editorial
Gobierno y sindicatos: doble rasero
Tal como habían advertido en los días previos, miles de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) llevaron a cabo ayer un paro de labores en protesta por la renuencia del gobierno federal para reconocer a Napoleón Gómez Urrutia como dirigente nacional del gremio.
Para poner el hecho en contexto, debe recordarse que durante la 35 convención general ordinaria del sindicato minero, que se celebró el 2 y 9 de mayo del año en curso, fue aprobada por unanimidad la elección de Gómez Urrutia –sobre quien pesan acusaciones por presunto desvío de fondos– para el periodo 2008-2014. En consecuencia, los representantes legales del sindicato entregaron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la documentación necesaria para que otorgara la “toma de nota” al líder del gremio. La dependencia federal, sin embargo, ha postergado inexplicablemente ese trámite, con el argumento de que cuenta con 60 días “para resolver sobre las solicitudes de registro que se sometan a la consideración de la autoridad laboral”, y de que “trabajadores de diversas secciones en el país” han presentado inconformidades ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje “en contra del otorgamiento de la toma de nota solicitada”.
El entorpecimiento deliberado por la autoridad laboral de lo que no es más que un mero trámite administrativo, y su empleo como mecanismo de golpeteo político contra el sindicato minero, viene a confirmar la doble moral del gobierno federal en su trato con las distintas cúpulas sindicales. En el caso de los mineros, el hecho que se comenta forma parte de una campaña de desconocimiento y persecución de la dirigencia del gremio e intromisión en su vida sindical, emprendida desde finales del sexenio pasado y continuada por la presente administración. Cabe recordar que en las postrimerías del foxismo, el entonces titular de la STPS, Francisco Javier Salazar Sáenz, concedió el registro a una agrupación sindical manifiestamente espuria, la dirigida por Elías Morales, al amparo de una pretendida defensa de “los derechos de los trabajadores contra dirigentes que los explotan y los manipulan”. Significativamente, las acusaciones por los manejos turbios del líder minero, conocidas de años atrás, no cobraron relevancia para las autoridades hasta que éste asumió una actitud abiertamente crítica contra el gobierno federal por la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos a principios de 2006.
En el presente ciclo de gobierno, destaca la impugnación, presentada en noviembre pasado por la Procuraduría General de la República, en contra de la sentencia de amparo que un juez de distrito otorgó en favor de Gómez Urrutia; los constantes intentos de la STPS para declarar inexistentes las huelgas en diversos yacimientos mineros, y el otorgamiento, por parte de la misma dependencia, de “tomas de nota” a escisiones del SNTMMSRM, en un claro intento de debilitar al gremio.
En contraste, resultan inocultables las alianzas políticas que la actual administración mantiene con los sectores sindicales más descompuestos y caciquiles en otros gremios, como los que controlan al magisterio y al sindicato petrolero. La participación de Elba Esther Gordillo –ungida como dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación– en diversas decisiones de gobierno, ejercida personalmente o por medio de los operadores que tiene incrustados en las varias dependencias de la administración pública, da cuenta del establecimiento de una coalición de facto entre el gobierno y una cúpula sindical charra, corrupta y antidemocrática. Tal complicidad no sólo resulta impresentable, sino que representa, hoy por hoy, un lastre fundamental para el desarrollo del sistema educativo nacional, de por sí sumido en la catástrofe por la penuria presupuestal de la enseñanza pública, definida, a su vez, en la orientación económica neoliberal aún vigente.
Por lo demás, la segunda de estas alianzas deplorables ha quedado de manifiesto con el otorgamiento, entre 2000 y 2008, de 459 millones de dólares al grupo que controla el sindicato petrolero por concepto de “apoyos” para la organización de las festividades del primero de mayo, el 18 de marzo, y para “gastos derivados de las revisiones al contrato colectivo de trabajo”. Con ello queda demostrado, además, el manejo turbio e irresponsable de los recursos petroleros por parte de las anteriores administraciones, en un contexto en que se discute la eventual privatización de segmentos enteros de la industria nacional de los hidrocarburos, propuesta por el Ejecutivo, entre otras cosas, por la presunta inviabilidad financiera de Petróleos Mexicanos.
En suma, los elementos de juicio mencionados dan cuenta de la continuidad de las prácticas priístas más añejas y antidemocráticas de control e injerencismo en la vida sindical, que supuestamente habrían de desaparecer con la alternancia en el poder de 2000: represión, acoso y persecución para los gremios que no se pliegan a los designios gubernamentales, y buen trato, otorgamiento de prebendas e impunidad para quienes aceptan compartir complicidades en el ejercicio del poder, por más que transiten al margen de la legalidad y en sentido opuesto a los intereses nacionales.