■ Es la más amplia orden judicial dictada en el país por violaciones a los derechos humanos

Procesarán a casi un centenar de ex agentes de la dictadura chilena

■ Los cargos son secuestro permanente y la muerte de 42 personas en la Operación Colombo

■ Militares en retiro, civiles y personal jubilado de la armada y carabineros, entre los implicados

Enrique Gutiérrez (Corresponsal y agencias)

Santiago, 26 de mayo. En lo que es hasta ahora la más amplia orden judicial dictada en Chile por violación a los derechos humanos, casi un centenar de ex agentes de la dictadura que encabezó el fallecido general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, serán procesados por su participación en la denominada Operación Colombo, mediante la cual fueron secuestrados y asesinados 119 opositores al régimen militar.

El caso se encuentra en manos del juez Víctor Montiglio, que investiga concretamente el “secuestro permanente” y la muerte, en 1975, de 42 víctimas de la Operación Colombo, y afecta en total a 98 ex agentes, entre militares en retiro, ex agentes civiles de la policía secreta y escuadrón de la muerte, la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), y personal jubilado de la fuerzas aérea, la armada y carabineros.

Montiglio notificó este mismo lunes de su procesamiento a unos 30 ex agentes, entre ellos a los tres miembros de la cúpula de la Dina que ya se encuentran detenidos acusados de otras violaciones a los derechos humanos, el ex director, ex general Manuel Contreras; el brigadier en retiro Miguel Krassnoff Martchenko, y el coronel Marcelo Moren Brito.

El montaje informativo del régimen de Pinochet

La Operación Colombo consistió en un montaje informativo que preparó la dictadura para encubrir la muerte de los 119 opositores, que fueron asesinados en la conocida Operación Cóndor que coordinó las acciones de represión de las dictaduras militares del cono sur en la década de los años 70.

De esta manera, se mantuvo una campaña de prensa que daba cuenta del supuesto reagrupamiento de izquierdistas en Argentina con el objeto de cruzar la frontera y emprender la lucha armada en Chile. Así fue como se difundió en una revista argentina llamada Lea, de sólo un número, el 15 de julio de 1975, la información sobre el “asesinato de alrededor de 60 extremistas chilenos que habrían sido ultimados en los últimos meses en ese país, Colombia, Venezuela, México, Panamá y Francia por sus propios compañeros de lucha”.

Días después, en otro diario simulado que circuló por única ocasión, O´Día, de Curitibia, Brasil, publicó una lista de 59 “extremistas chilenos” que fueron identificados entre los guerrilleros que murieron en enfrentamientos con efectivos policiales en la provincia argentina de Salta.

El diario oficialista chileno La Nación avaló en aquel momento estos informes para desvirtuar las denuncias que apuntaban al régimen de Pinochet en la Organización de Naciones Unidas y otros foros internacionales.

“Fue una operación yo diría especialmente siniestra, no sólo porque significó asesinatos de numerosos opositores al régimen militar, sino además acciones de encubrimiento bastante, yo diría, repugnantes”, dijo el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien advirtió que los inculpados iniciarán una batalla legal para recuperar su libertad ante la Corte Suprema, que hasta ahora ha ratificado la mayoría de las condenas emitidas por los tribunales de primera instancia.

La vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, calificó la resolución del juez como “un paso extraordinariamente positivo en favor de la justicia”, aunque manifestó que aún “quedan muchos casos” por ser esclarecidos.

Para el abogado querellante del Ministerio del Interior, Boris Paredes, el dictamen muestra “el compromiso con los derechos humanos” del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

No obstante, el abogado de Espinoza, Jorge Balmaceda, denunció que todo el proceso se basa en una ficción jurídica, al argumentar que “los desaparecidos están muertos” y no es posible juzgar a su defendido por el delito de secuestro permanente, debido a que no están los cadáveres.

Cuando finalicen los procesamientos será la más amplia orden judicial que haya dictado la justicia en Chile por un caso de violaciones a los derechos humanos atribuidas al régimen militar de Pinochet, que dejó más de 3 mil víctimas, entre desapariciones y asesinatos de opositores.

Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006 a los 91 años, por una falla cardiaca múltiple, y sin haber sido condenado por los abusos a los derechos humanos durante la dictadura ni por delitos económicos vinculados a cuentas secretas por unos 27 millones de dólares, por los que se le investigó. No obstante, fue desaforado y procesado, y permaneció bajo arresto domiciliario por este caso.

Los detenidos ingresarán a la cárcel especial de Punta Peuco y al penal Santiago 1, dijo el ministro Maldonado.

Pero “falta conocer en el fondo el destino de las personas desaparecidas, si fueron realmente eliminadas o no, cómo lo fueron y en qué circunstancias”, dijo el juez Montiglio, quien agregó que su dictamen fue el resultado de “un trabajo de 33 años del Poder Judicial”.

En este contexto, Joana Jara, viuda del cantautor chileno Víctor Jara, solicitó hoy a la Corte Suprema la reapertura del proceso que un juez cerró hace dos semanas sin ubicar al autor material del asesinato de su esposo, perpetrado por militares en septiembre de 1973.