■ Fueron interrogados y el video se entregó a grupos de México y Colombia antes que a Quito

Acusan a militares de Ecuador de torturar a sobrevivientes del bombardeo a las FARC

■ ONG demanda que se investigue a los responsables de los tratos inhumanos y degradantes

Notimex

Quito, 26 de mayo. La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) acusó hoy a la inteligencia militar de Ecuador de entregar a México y Colombia declaraciones de las sobrevivientes del bombardeo contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), obtenidas bajo tortura.

Es “grave que el video mutilado de estas declaraciones obtenidas bajo tortura se conocieran en México, difundidas por grupos de ultra derecha mexicanos, antes que lo conocieran las autoridades de Ecuador”, dijo el secretario ejecutivo de la Aldhu, Juan de Dios Parra.

En México, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública interpuso una demanda penal contra Lucía Morett, una de las tres sobrevivientes del bombardeo colombiano contra un campamento en Ecuador de las FARC, acusándola de terrorista, con el respaldo de ese video.

Militares colombianos bombardearon el pasado primero de marzo el campamento de las FARC, operación en la que murieron 26 personas, entre ellas el número dos del grupo, Raúl Reyes, y las tres mujeres quedaron heridas.

El video, según se ha divulgado aquí, fue filmado por la inteligencia militar ecuatoriana, cuando llegó al bombardeado campamento de las FARC, una vez que se retiraron los contingentes militares y policiales de Colombia.

Parra dijo que la inteligencia militar de Ecuador también entregó un video de estos interrogatorios a su par colombiana.

Afirmó que resulta al menos curioso que justo cuando Ecuador anuncia que va a interponer reclamos internacionales judiciales contra Colombia por las secuelas de la incursión de este país, un fiscal ecuatoriano haya iniciado acciones contra ellas.

El pasado 14 de mayo, el agente fiscal de la provincia amazónica de Sucumbíos, Wirmar Gonzabay, imputó a Morett y las otras dos sobrevivientes, las colombianas Doris Torres y Martha Pérez, delitos contra la seguridad del Estado.

Sin embargo, la acción del fiscal se produjo después que las tres habían abandonado Ecuador, rumbo a Nicaragua, cuyo gobierno les otorgó “abrigo”.

Parra dijo que las tres mujeres son las únicas sobrevivientes de la masacre y testigos fundamentales en los procesos que podrían interponerse en cortes internacionales contra quienes perpetraron el ataque. El activista de derechos humanos calificó de “vergonzoso” que la inteligencia militar de Ecuador haya sometido a “interrogatorios, hostilidades y amenazas” a las sobrevivientes heridas y “en las condiciones de extrema gravedad” en las que se encontraban.

“Estas mujeres fueron rescatadas de un lugar donde se produjo un ataque aéreo y terrestre con asesinatos a heridos y rendidos” y “eso se llama tortura en cualquier lugar del mundo; declaraciones obtenidas bajo esas condiciones son absolutamente ilegítimas”, aseveró. Dijo que esa situación la denunciaron hace tiempo a autoridades ecuatorianas y se ha pedido una investigación acerca de quiénes perpetraron este delito, por tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas rescatadas heridas en el lugar de ataque, señaló.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó tras el ataque que los servicios de inteligencia militar y policial de Ecuador estaban penetrados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, al quejarse que no recibió a tiempo la información sobre la incursión colombiana.

El mandatario aseguró que se enteró de esa información por los medios y cuando ya había sido entregada a Colombia.