■ “Lo más sano hubiera sido una negociación bilateral entre México y Estados Unidos”, dice
Soberanes: aceptar los condicionamientos del Plan Mérida implica ceder soberanía
■ Es “intolerable” que el Congreso estadunidense imponga sus razones a autoridades nacionales
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En primer plano, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, junto a los defensores de derechos humanos latinoamericanos Ramón Custodio y Óscar Luna
Foto: Marco Peláez
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, manifestó ayer en entrevista que las propuestas contenidas en la Iniciativa Mérida, mediante las cuales México obtendrá fondos aprobados por el Congreso de Estados Unidos para apoyar el combate al narcotráfico y al crimen organizado, “tienen un planteamiento que está mal hecho y que implica la renuncia a la soberanía nacional”.
Entrevistado en el contexto de la sesión constitutiva del Comité Regional de México, Centroamérica y el Caribe contra la Trata de Personas, efectuado en la CNDH, el ombudsman nacional insistió en que “hacer lo que nos diga el Congreso de Estados Unidos significa ceder soberanía, porque esa instancia no tiene competencia para decir lo que debemos hacer en el país”.
En todo caso, abundó, Soberanes Fernández, “lo más sano sería que hubiera una negociación bilateral entre México y Estados Unidos, siempre en el marco de la legislación, pero es intolerable que ese país nos quiera imponer condiciones por 350 millones de dólares que aportará a la lucha contra el narcotráfico”.
El titular de la CNDH resaltó que es bueno que en la Iniciativa Mérida esté contenido el tema de los derechos humanos, “y qué bueno que vaya a haber mayor colaboración entre ambos países para combatir al crimen organizado, pero ese contenido se tiene que instrumentar de forma bilateral, no pueden condicionar a México, ya que eso va en contra de nuestra legislación”.
El ombudsman refirió lo anterior en entrevista, en la cual destacó que se estima que la trata de personas deja ganancias por 9 mil millones de dólares y que es la tercera vía de recursos ilícitos después del tráfico de drogas y armas.
Informó que se trabaja en un informe especial y lo que se busca es tener un diagnóstico para desentrañar las principales formas de operar de la banda de tratantes, la participación de las autoridades y las rutas que se utilizan para ello.
Antes, Soberanes Fernández, al participar en la reunión de trabajo contra la trata de personas en México, Centroamérica y el Caribe, en la que participan ocho ombudsman de la región, señaló que “la trata de personas es uno de los flagelos sociales de mayor incidencia en la región y uno de los más grandes desafíos que enfrentamos en esta parte del siglo XXI para la salvaguarda de la dignidad y la libertad de las personas”.
Sostuvo que cada persona privada de su libertad con fines de explotación laboral o sexual o de extirpación de órganos lleva en sí y ante los demás la expresión de un drama moral, ético, jurídico y social inaceptable.