Alimentos caros
Uno de los fenómenos económicos más relevantes es hoy el alza de los precios de los alimentos a escala mundial. La FAO y la OCDE han señalado que se espera una década de precios altos lo que, sin duda, provocará diversos ajustes en los mercados de bienes básicos y de productos procesados. También alterará los patrones de consumo de los grupos de menores ingresos y exigirá formas de intervención gubernamental más decisivas e imaginativas.
Este asunto se ha documentado bastante desde hace un par de años en una serie de informes producidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y ha sido motivo de atención reciente de los medios de comunicación en todas partes.
Los mercados de alimentos están sujetos a un conjunto de cambios en la demanda y la oferta que alteran los fundamentos de su operación y que habían prevalecido durante más de tres décadas. Esto había llevado a un largo periodo de precios bajos que ha llegado a su fin. Las repercusiones son diversas en cuanto a las condiciones productivas y de la desigualdad social prevaleciente.
Usualmente se citan dos condiciones que acarrean el alza de precios. Uno es el cambio en la dieta de millones de personas en países como China e India, derivado de su expansión económica, que presionan al alza la demanda de cereales, y a lo largo de las cadenas de producción agropecuarias. La reacción por el lado de la oferta, siguiendo el estímulo de los precios, induce a una sustitución de cultivos, lo que genera, a su vez, la elevación de los precios de los que dejan de sembrarse. De ahí la generalización de los altos precios.
La otra condición es la creciente producción de biocombustibles, como el etanol, alentada a su vez por el elevado precio del petróleo y la necesidad de sustituir a largo plazo las fuentes de energía, sobre todo para el transporte. Esto requiere ahora esencialmente de maíz, como es el caso del etanol producido en Estados Unidos, o de caña de azúcar, como ocurre en Brasil.
El uso de maíz para el etanol acrecienta la demanda y sube el precio, además de que el gobierno de Estados Unidos subsidia activamente a los productores y obstaculiza mediante aranceles la entrada de etanol brasileño. La nueva legislación agrícola (farm bill) aprobada hace unos días en el Congreso de ese país, afirma esa serie de distorsiones internas y del comercio exterior. Es, en efecto, una política proteccionista encaminada a beneficiar a los productores nacionales y que reduce la cantidad de maíz en el mercado de los alimentos, con la consiguiente repercusión en el mercado mundial.
México no está, por supuesto, aislado de estos procesos. En buena parte eso es así debido a las condiciones que la apertura económica, y en particular el TLC, han generado en la producción agrícola, lo que significa una mayor dependencia del abasto del exterior. Caso particularmente relevante es el del maíz.
Por diversas razones el precio de los alimentos ha aumentado de modo notable en el último año. Los datos del Banco México indican que entre la primera quincena de mayo de 2007 y el mismo periodo de 2008 las variaciones en una serie de bienes básicos ha sido la siguiente: arroz 33.6 por ciento; aceites y grasas vegetales comestibles, 50.6; pan de caja, 21.7; galletas populares, 12; harinas de trigo, 30.4; pastelillos y pasteles, 17.5; pollo en piezas, 10.2, y carne y huevo, 6.5 por ciento. Todos estos precios crecen muy por encima de la inflación general del periodo, que es de 4.83 por ciento.
Aún no se manifiesta aquí de lleno el efecto del alza general de los precios de los alimentos. El secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, ha dicho que México está listo ante la crisis alimentaria. Es bueno saberlo, pero sería mejor tener más información al respecto, sobre todo por la necesidad de tener alguna certidumbre acerca de la reacción de los mercados y las condiciones que deben esperarse sobre el abasto y los precios de los bienes básicos alimentarios. La carestía ya está presente.
Por otra parte, sería provechoso saber qué tipo de políticas planea aplicar el gobierno para asignar recursos a la producción, proteger a los campesinos y agricultores, sostener el nivel de consumo de la población de menores ingresos, evitar la especulación, mantener los inventarios y sustituir las importaciones que ahora serán más caras.
Claro, hay excedentes petroleros, pero sería irresponsable gastarse esa renta por no tener una política pública clara de intervención ante una posible crisis de la cual nadie podrá decirse sorprendido y que, más bien, está siendo largamente anunciada.
México es un mediocre productor agrícola comparado con otros países de similar nivel de desarrollo, genera relativamente poca tecnología, no participa en los mercados más rentables y está bastante marginado de las posiciones relevantes de negociación del comercio agrícola en los organismos internacionales.
Además, en este caso debería participar de manera activa la Secretaría del Medio Ambiente, pues está en juego el uso de recursos como la tierra de cultivo, los bosques, las áreas protegidas y el agua. Este es un asunto central de la definición de políticas públicas que incidan en la operación de mercados con participación muy heterogénea de los productores y una incidencia social muy desigual.