■ Sólo se han visto que sectores serán revisados
Sin avances, el acuerdo marco firmado con la OCDE
Los ocho meses que se cumplen desde que la Secretaría de Economía (SE) suscribió con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) el memorando de entendimiento para implementar el proceso de fortalecimiento del marco regulatorio para la competitividad (proceso marco), enfocado a eliminar trabas burocráticas y de reglamentos que obstaculicen la competitividad en México, sólo han servido para determinar qué sectores económicos serán los primeros en ser investigados, pero ningún cambio se llevará a cabo en tanto no concluyan los estudios al respecto.
Gerardo Traslosheros, secretario técnico del proceso marco, informó que el Grupo Consultivo de Alto Nivel (GCAN) acordó la realización de ocho estudios en los temas de interconexión en telecomunicaciones, financiamiento a pequeñas y medianas empresas, energía eléctrica, mercados farmacéuticos, sector agropecuario, tarjetas de pago, política fiscal y beneficios potenciales del proceso marco. Las investigaciones estarán a cargo de especialistas de instituciones como el Colegio de México y el Tecnológico de Monterrey, pero Traslosheros reconoció que no están incluidos investigadores de la UNAM o UAM, pese a que fue abierta la convocatoria a participar en los estudios.
Los temas, dijo, se seleccionaron por consenso entre los integrantes del GCAN, donde además de funcionarios de la SE y otras dependencias del gobierno federal, participan las comisiones de competitividad del Senado y la Cámara de Diputados, la Conferencia Nacional de Gobernadores, el Consejo de la Judicatura Federal, asociaciones de municipios y el sector privado.
El funcionario precisó que será hasta dentro de cuatro meses, cuando concluyan dichos estudios, cuando se decidirá qué medidas y acciones de mejora se emprenderán en torno a las leyes y regulaciones existentes, en aras de mejorar la competencia y la productividad del país. Reconoció que las autoridades desconocen qué porcentaje de los cambios puede llevarlos a cabo el Ejecutivo federal, y cuántos requieren de la intervención del Congreso.