La expropiación de la industria petrolera
En la entrega anterior (La Jornada, 12/05/2008) se llegó hasta el punto en que habiendo negado la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo promovido por las empresas y ratificado el laudo de la junta, las empresas por su parte se negaron a acatar la decisión del tribunal más alto de la nación.
A principios de marzo de 1938, el presidente Cárdenas había mandado a don Jesús Silva Herzog a Washington, a avisar al embajador mexicano Ignacio Castillo Nájera que el conflicto obrero en México podría seguir por dos caminos: la intervención en las compañías o la expropiación de las mismas. Cuando Silva Herzog, que había llegado a la casa de Castillo en la madrugada y lo encontró todavía en la cama, le dijo la posibilidad de intervención, contestó que él podría manejar con mayor o menor dificultad el asunto allí en Washington. Pero cuando le habló de la posibilidad de una expropiación de los bienes de las petroleras, dio un salto en la cama y, soltando una interjección muy mexicana, dijo: “esto quiere decir cañonazos en Veracruz”.
El general Cárdenas el 9 de marzo, en gira por Morelos, al regresar del ingenio de Zacatepec, paró la comitiva a las 21 horas en la desviación del camino que va a Palmira y dice en sus apuntes: “Llamé fuera del auto al general Francisco Mújica, secretario de Comunicaciones, y le hice conocer mi decisión de decretar la expropiación de los bienes de las compañías petroleras si éstas se negaban a obedecer el fallo de la Corte” […]. “Nos detuvimos en la carretera, en las cercanías de Cuernavaca entre los kilómetros 79 y 80, y con el general Mújica caminamos hacia Palmira platicando más de una hora […]. Conocedor el general Mújica de la conducta de las empresas petroleras por juicios que se han seguido contra las citadas empresas, y en los que él ha intervenido, y por los procedimientos y atropellos cometidos por los empleados y por las propias empresas, y que presenció cuando me acompañó en los años que estuve al frente de la Zona Militar de la Huasteca Veracruzana; y reconociendo en él sus convicciones sociales, su sensibilidad y patriotismo, le di el encargo de formular un proyecto de manifiesto de la nación explicando el acto que realiza el gobierno y pidiendo el apoyo del pueblo en general, por tratarse de una resolución que dignifica a México en su soberanía y contribuye a su desarrollo económico” (Obras de Lázaro Cárdenas, I. Apuntes 1913-1940).
Finalmente y entre la actitud de intransigencia de las petroleras, a las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938 el presidente Cárdenas se dirigió por radio a la nación, anunciando la expropiación de las compañías afectadas por el conflicto que se refiere.
En el manifiesto: “Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es la misma soberanía de la nación la que quedaría expuesta a simples maniobras de capital extranjero”.
Se trataba de una decisión que no pudo verse realizada antes de ese momento; ya hemos mencionado que hubo alguna tímida tentativa de gobiernos anteriores, y no pudo haberse tomado tampoco ni siquiera un día después. Los acontecimientos que siguieron lo demostraron.
Vinieron días muy difíciles en los que los obreros se hicieron cargo de la gran responsabilidad que a ellos tocaba y sostuvieron la industria en marcha; el bloqueo comercial decretado por Inglaterra, Estados Unidos y Holanda en todo el mundo impidió vender los excedentes de la producción de petróleo.
Se iniciaron las negociaciones para el pago de los bienes de las compañías que presentaron innumerables problemas. El 29 de julio de 1939, el presidente Cárdenas tuvo que dirigirse personalmente al presidente Franklin D. Roosevelt, haciendo ver la actitud intransigente de las petroleras, las que con anticipación anunciaron públicamente, como condiciones irrenunciables, la devolución de las propiedades, que serían administradas por ellas de manera exclusiva en un plazo calculado previamente como el necesario para el agotamiento total de los yacimientos, diciendo en un párrafo de la carta que: “pasar sobre las leyes concediendo a la industria petrolera una situación privilegiada otorgándole un estado especial en materia de trabajo, y haciendo lo propio por lo que se refiere a los impuestos significaría la subordinación del poder público a las empresas particulares…; tendencia contra la cual ha luchado vuestra excelencia denodadamente en su país”.
Roosevelt contestaba en agosto del mismo año, reconociendo el derecho del gobierno mexicano a expropiar bienes, aunque insistiendo en hacer ver que conforme al derecho internacional, el procedimiento exige como parte integral para su ejecución el pago de una justa y adecuada compensación.
Castillo Nájera, quien jugó un importante papel en el proceso expropiatorio, nos dice: “el 19 de noviembre de 1941, se firmaron los arreglos que son bien conocidos y que cierran un ciclo secular en que las dificultades se presentaron casi diariamente y que en más de una ocasión nos hizo temer por la suerte de la patria”.
No obstante que la idea de la nacionalización llevada a cabo en 1939 era precisamente poner la industria petrolera al servicio del pueblo a través del Estado, el 3 de mayo de 1941 se expidió la Ley Reglamentaria que estuvo en vigor hasta noviembre de 1958, la cual permitía al gobierno celebrar contratos con particulares o sociedades para la explotación, y a la Secretaría de Economía, para otorgar concesiones para refinación, transporte, almacenamiento y distribución, así como para la elaboración y distribución de gas.
Esta ley era contraria en su esencia a la de la reforma constitucional al artículo 27 en 1939, y durante 1958 el presidente Adolfo Ruiz Cortines envió al Congreso la iniciativa de ley reglamentaria que habría de sustituir a la anterior, dándole nuevamente el carácter nacionalista y reivindicatorio que animó a Cárdenas en los dos momentos estelares de la expropiación: el 18 de marzo de 1938, con la expropiación misma de los bienes de las empresas petroleras, y la nacionalización del subsuelo realizada con la modificación del párrafo sexto del artículo 27 constitucional en 1939.