■ Pemex se convertiría en mero administrador de contratos, señala

Carlos Rojas, en contra de las empresas espejos

■ Formula severa crítica a las iniciativas de reforma de Felipe Calderón

Andrea Becerril

Las cinco iniciativas de Felipe Calderón pretenden crear una industria petrolera privada, paralela a la reservada constitucionalmente a Pemex, lo que dejaría a la paraestatal como mera administradora de contratos y la obligaría a compartir las ganancias del mercado interno y la renta petrolera, sostiene el presidente de la Fundación Colosio, Carlos Rojas Gutiérrez.

En un adelanto de la ponencia que presentará mañana en el Senado, durante el quinto foro de discusión de la reforma de Pemex, se manifiesta contra la creación de empresas espejos que impulsan los gobernadores de su partido, el PRI, ya que, alertó, “podrían encubrir otra forma de privatización” y violan diversos artículos de la Carta Magna.

Un grupo de gobernadores priístas ha venido pugnando por esta opción y la propia dirigente nacional del partido, Beatriz Paredes, planteó durante el primer foro de análisis la posibilidad de que “los gobiernos de los estados” participen en “paraestatales locales de servicios”.

Rojas Gutiérrez, sin embargo, advierte que las denominadas empresas espejos atentan contra la integridad de la industria petrolera nacional, “cuyas actividades deben estar exclusivamente a cargo de organismos descentralizados del sector público”.

Las empresas espejos, detalla Rojas, están consideradas en la reforma de Calderón, específicamente en las modificaciones a la Ley Orgánica de Pemex, que la facultan para constituir o desaparecer libremente filiales paraestatales sin seguir los procedimientos marcados en la Ley de Entidades Paraestatales y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ese planteamiento constituye “otro inexplicable régimen arbitrario de excepción jurídica” y podría dar lugar a las empresas espejos”, otra forma de privatización “encubierta”, sin sustento económico y orgánico, que deja traslucir incapacidades administrativas o de negociación, por ejemplo, con el sindicato. Tal pretensión, agregó, pasa por encima de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y de otras leyes secundarias.

En su ponencia, el ex director de Pemex señala unos 20 “propósitos implícitos” en la reforma de Calderón, mediante los cuales se pretende “dar la vuelta a preceptos de la Carta Magna” para privatizar Pemex y debilitar la industria petrolera.

Destaca que hay “un hábil entramado jurídico” que no permite el análisis individual de las cinco iniciativas de Calderón, ya que fueron construidas “de abajo hacia arriba, en función de lo que se requería que fuera o hiciera Pemex”.

En ese sentido, tanto en la iniciativa de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo como en la Ley de la Comisión Reguladora de Energía las modificaciones propuestas van encaminadas a posibilitar contratos de servicios para que empresas privadas puedan refinar crudo, “contraviniendo la integridad de la industria petrolera y cediendo el valor agregado que genera esta etapa de la explotación petrolera”.

Se trata de un mercado interno de un millón y medio de barriles diarios de crudo, el cual se pretende entregar a las trasnacionales para que lo refinen y sean propietarias de las instalaciones y equipos, al igual que de los ductos, en el caso de los particulares a los que Pemex cedería el transporte y almacenamiento de crudo.

Rojas Gutiérrez indica, asimismo, que las iniciativas de Calderón abren la puerta a “los conocidos internacionalmente como risk contracts”, es decir, contratos de riesgo para trabajar en cualquier materia o área de Pemex. En la reforma presidencial, detalla, se habla de contratos incentivados que la paraestatal podrá celebrar y en los que “se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad”.

Explica que esos contratos, usualmente aplicados a la exploración y desarrollo de yacimientos petroleros, permiten que las empresas privadas realicen las actividades que consideran pertinentes y significarían para Pemex ceder la dirección, operación y control de esas áreas, “como ya sucede indebidamente en los contratos de mantenimiento de ductos”.

El presidente de la Fundación Colosio resalta otro riesgo de las iniciativas de Calderón, ya que implican abrir unilateralmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acuerdo en el que México reservó la exploración, explotación y comercialización del petróleo.

De aprobarse las iniciativas del Ejecutivo, “el Estado mexicano estaría eliminado parcialmente la reserva de mercado establecida en el capítulo de energía y petroquímica básica, y esa apertura ya no podría ser revertida unilateralmente”. Además, subraya, en caso de controversias éstas serían ventiladas ante paneles arbitrales internacionales y no ante los tribunales mexicanos.