■ La semana pasada fueron detenidos durante desalojo de predio en el municipio de Escobedo
Dictan formal prisión por despojo a 3 colonos nuevoleoneses
Monterrey, NL, 24 de mayo. Una juez penal dictó auto de formal prisión por despojo de inmueble contra Gabriela Bautista, Gerardo Armendáriz y José Obed Juárez Flores, quienes fueron detenidos el sábado pasado durante el desalojo de 32 vecinos de la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo.
Los detenidos fueron notificados de la decisión la madrugada de este sábado y en punto de las seis de la mañana fueron trasladados al penal de Topo Chico.
Por el mismo cargo quedaron formalmente presos en la misma prisión Juan Balderas, abogado de los colonos, y Alicia Gutiérrez, dirigente de la Colonia Agropecuaria Emiliano Zapata, del municipio de El Carmen, quien únicamente apoyó a los vecinos de Nueva Castilla, el 17 de mayo, día del desalojo.
Los colonos habían reingresado el jueves 15 a los terrenos que compraron en esa zona –los cuales reclama el Instituto Estatal de la Vivienda (IEV)–, apoyados en una suspensión provisional de amparo que les permite continuar el litigio.
Un grupo de colonos, estudiantes y representantes de agrupaciones protestaron frente a Topo Chico, donde señalaron que la justicia de Nuevo León está al servicio de la delincuencia institucional.
Denunciaron que un directivo del IEV ofreció a los detenidos “retirar los cargos” a cambio de que renunciaran a ostentarse como propietarios de los predios en disputa, lo que consideraron un chantaje y por tanto una propuesta inadmisible.
El abogado Luis Gerardo Vázquez consideró que sus defendidos quedaron presos, pese a que no se configura el delito de despojo de inmueble que se les imputó, pero hubo consigna desde el palacio de gobierno.
Atribuyó el fallo a que Luis Francisco, hermano del gobernador José Natividad González Parás, es socio de Ramiro Guzmán Barbosa, quien con su constructora Grupo Marfil, forma parte del fideicomiso constituido por el gobierno del estado para desarrollar un megaproyecto urbano, en las 187 hectáreas que se les pretende arrebatar a los colonos de Nueva Castilla.
Vázquez afirmó que pedirá apoyo de todos los colegios de abogados de Nuevo León y asociaciones de la República para que se pronuncien contra la privación ilegal de la libertad del litigante Juan Balderas, quien sólo cumplía con su labor profesional cuando fue detenido. Dijo que el Ministerio Público acusó a Balderas de ser el “autor intelectual” del ingreso de los vecinos al predio que el IEV había cercado con alambre.
Vázquez asentó que el gobierno estatal debió haber procedido por la vía civil para que un juez determinara quién era el legítimo propietario de los terrenos y no desalojarlos violentamente. Ahora los colonos acusarán a las autoridades estatales de despojo y daño en propiedad privada pues, además de sufrir el desalojo, sus casas fueron incendiadas o destruidas con maquinaria pesada, advirtió.