■ Grupo de mediación afirma que se debe tratar a detalle ese punto

Rechaza la SG que eperristas sean desaparecidos políticos

■ Hace un año Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron vistos por última vez

Fabiola Martínez

El gobierno federal se resiste a aceptar que la ausencia de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –señalados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como integrantes de este grupo armado– constituyen desapariciones forzadas, crimen de lesa humanidad.

Ante el comité de mediación propuesto por el EPR, los representantes de la Secretaría de Gobernación (SG) manifestaron, el martes pasado, su disposición a continuar con las investigaciones judiciales que permitan dar con el paradero de ambas personas, a quienes consideran “sólo secuestrados”.

En la primera reunión con funcionarios federales, sin precedentes y realizada en la biblioteca Manuel Gómez Morín, de la SG, los mediadores afirmaron que la base de un diálogo fructífero debe ser, precisamente, estar de acuerdo en el marco histórico y político de lo que representa la existencia en México de las desapariciónes forzadas.

Aunque hasta ayer no estaba definido el día para el segundo encuentro, ambas instancias se comprometieron a regresar a la mesa de diálogo con un análisis más elaborado sobre el particular.

Al respecto, la senadora Rosario Ibarra, integrante de este grupo de mediación, dijo que los enviados del gobierno deben entender, en principio, la importancia de lograr la presentación con vida de los eperristas.

“Nos dijeron que van a seguir investigando el paradero de Edmundo y Gabriel Alberto; ellos no quieren entender que aquí estamos ante el delito de desaparición forzada”, dijo en entrevista la también presidenta del Comité Eureka.

El martes pasado, ante funcionarios, la legisladora comentó: “no estamos acusando a nadie en particular (de la desaparición) pero cuando se agotan las instancias jurídicas esto se vuelve un asunto político, una desaparición política y, por ello, debe haber un mandato por arriba, a partir de una decisión política”.

Al término del primer encuentro con el equipo de la SG, encabezado por Abraham González, subsecretario de Gobierno, el escritor Carlos Montemayor –vocero de la comisión de mediadores– dijo que en ese diálogo es necesario establecer una base acerca de la forma de abordar los casos de desaparición forzada, más allá de la información acerca de los aspectos procesales que desarrolla la Procuraduría General de la República.

Como se ha difundido, el EPR aceptó un diálogo indirecto con el gobierno federal (a través de una comisión de mediadores) con el fin de avanzar hacia la presentación con vida de sus compañeros, a quienes supuestamente se les vio por última vez exactamente hace un año.

En sus comunicados, este grupo armado dijo que sus compañeros fueron secuestrados y torturados a manos de policías federales, situación que la PGR y la SG han rechazado.

Los mediadores propuestos por el EPR son Montemayor e Ibarra, así como Miguel Ángel Granados Chapa, periodista; Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, del Frente Nacional Contra la Represión; Gilberto López y Rivas, antropólogo, y Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas.

Montemayor dijo que en esta primera etapa, si bien el objetivo es analizar los asuntos procesales, también “hay aspectos históricos, políticos y sociales que son de importancia capital para poder entender las dimensiones totales de este proceso”.

Y precisamente para esa tarea, la comisión mediadora hizo una convocatoria a la sociedad civil para que colabore en la sistematización de información que pueda ayudar a la presentación con vida de los dos eperristas desaparecidos, sobre la base de que el país, incluido su gobierno, tiene muy corta experiencia en el tratamiento del tema de desapariciones forzadas.

“En el diálogo se pretende definir cómo abordar estos casos de desaparición forzada; es parte del trabajo que tenemos en la agenda”, agregó Montemayor.

No hace más de tres años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el carácter no prescriptible de la desaparición forzada.

“Apenas hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio entrada a una acción legal por la desaparición forzada de Rosendo Redilla Pacheco –ocurrido desde 1974– y esto es novedoso en la propia historia de México”, comentó el escritor.

El tema de la desaparición forzada, señaló la comisión, es álgido, preocupante y su discusión es relevante para el desarrollo democrático y social de México. Se trata de procesos graves, cuya solución significa la dignificación de la vida política y social del país.

La comisión de mediación ha aclarado que su función no es negociar aspectos adicionales a la desaparición de los eperristas y mucho menos fungir como vocera de este grupo armado, de tal modo que la comunicación con el EPR no será directa sino a través de la prensa.