■ Niega que presionara para sustituir a representante de la ONU
La cancillería, “sorprendida” por las acusaciones de Human Rights Watch
La canciller Patricia Espinosa Cantellano expresó a Human Rights Watch (HRW) su sorpresa por las aseveraciones del organismo internacional sobre supuestas presiones contra el hasta ayer representante de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, las cuales, presuntamente, habrían motivado su salida del país.
En una carta enviada a Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, el pasado 14 de mayo y dada a conocer apenas este viernes, la funcionaria hizo un largo recuento de las acciones emprendidas por el gobierno mexicano en favor de los derechos humanos y reiteró la disposición de la administración federal al diálogo, en un marco de respeto mutuo a las políticas públicas, institucionales y desarrollos legislativos en la materia.
Respecto de Incalcaterra dijo que el gobierno de México le expresa su reconocimiento por la labor que ha realizado y reitera su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación con la oficina de la Alta Comisionada.
La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que desde el comienzo de la actual administración diversas organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos, incluida HRW, han emitido recomendaciones al gobierno de México, las cuales “han sido invaluables para las autoridades de mi país”.
Reiteró la decisión oficial de mantener una apertura al escrutinio y la cooperación con el sistema internacional de tutela de los derechos humanos, con el fin de continuar avanzando en la protección de esas garantías fundamentales. De ahí, dijo, que se ha invitado a diferentes organismos mundiales a visitar el país y se ha mantenido un diálogo abierto y constructivo con misiones y organizaciones civiles que también han estado en territorio nacional.
Enseguida, la canciller recordó algunas de esas visitas y resaltó que en todos los casos los integrantes de éstas han expresado de forma absolutamente libre, de manera pública y privada, sus comentarios, observaciones y recomendaciones al gobierno de Felipe Calderón. “Suponer lo contrario, como podría inferirse de su comunicación, no corresponde con la consolidación de la democracia en México”, subrayó.
Respecto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó que su instalación en México se originó por una invitación del gobierno federal en 2002. Mediante acuerdo suscrito en 2008 se fortaleció la presencia de la oficina, al ampliarse sus facultades y obligaciones, así como las prioridades para la cooperación.
La misiva dio respuesta a la que HRW envió a Calderón el 7 de mayo, en la cual cuestionó la supuesta presión del gobierno federal para la salida de Amerigo Incalcaterra.