■ Pagarán Frente Amplio y AN más de $36 millones cada uno; Alianza por México, 4 millones

Aprueba el IFE sanciones contra partidos por espots difundidos en campaña de 2006

Alonso Urrutia

En lo que pareció una redición de los debates de 2006 acerca de la guerra sucia, el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó ayer multas millonarias por los promocionales difamatorios que se difundieron en radio y televisión. Con votación dividida se avalaron sanciones por 36 millones 899 mil 138 pesos contra el Frente Amplio (21.1 al PRD, 7.9 al PT y 7.8 a Convergencia), 36 millones 532 mil 394 contra el PAN y 4 millones 780 mil 400 pesos contra la Alianza por México (PRI-PVEM).

El debate versó sobre la temática que polarizó la elección federal: los alcances de la libertad de expresión en las campañas. La postura del PAN en defensa de su agresiva campaña publicitaria y del PRD cuestionado la calumnia y difamación como eje para ganar ilegalmente la elección se trasladaron a los consejeros, quienes centraron el debate entre aprobar las resoluciones o devolverlas para replantear las posibles sanciones.

A diferencia de entonces, cuando el bloque proclive al panismo tenía mayoría, esta vez fueron derrotados en la votación, aunque se mantuvieron las coincidencias entre los argumentos de los representantes del PAN y de los consejeros que pedían devolver los proyectos y postergar las multas.

El consejero presidente, Leonardo Valdés, inclinó la balanza en favor de sancionar a los partidos por la guerra sucia, lo cual, dijo, forma parte del cierre de expedientes de 2006.

Paradójicamente, el PRD también demandó la devolución de los proyectos, pero cuestionó los alcances de los mismos, pues, según advirtió el representante del sol azteca, Rafael Hernández, el PAN sólo fue sancionado por los promocionales en televisión, pero no se incluyó ningún espot contratado en radio. Deploró que el IFE ponderara de la misma forma los ataques iniciales del blanquiazul que “descalificaban calumniosamente” a Andrés Manuel López Obrador, que la respuesta de la coalición Por el Bien de Todos a esos cuestionamientos.

De entrada, el consejero Arturo Sánchez minimizó los alcances de la guerra sucia y la calificó de “travesuras”. Después argumentó en favor de la libertad de expresión, y reiteró –como en 2006– que su postura fue en contra de bajar los espots, considerando la libertad de expresión como base de un sistema democrático. “El hecho de haber bajado los espots (como ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) no implicaba ya responsabilidad de los partidos”, sostuvo.

Antes, al abrir el debate, el panista Roberto Gil cuestionó que se sancionara la libertad de expresión, y citó sentencias de la Suprema Corte y definiciones de organismos internacionales que señalan que en el caso de los partidos y las campañas los parámetros sobre este derecho deben ser diferentes. El IFE, dijo, “tiene una curiosa visión de las campañas electorales, un concurso de simpatía en el que está prohibido señalar los defectos de los competidores o las deficiencias de la oferta política. ¿Qué, no se tratan de eso las campañas?”

El consejero Marco Antonio Gómez Alcántar reprochó al panista su visión sobre lo que fue la guerra sucia: “la libertad de expresión no es el derecho de decir lo que se nos antoje; la calumnia y la mentira revestida de crítica política está prohibida por la Constitución”. La mentira sin fundamento real, agregó, es en sí una calumnia, y “lo que sucedió en 2006 fue una campaña de calumnias, denostaciones y mentiras”.