■ Amplían procesamiento con prisión preventiva al ex marino Ricardo Miguel Cavallo
Pide fiscal la detención del ex presidente Menem, su hermano y otros ex funcionarios
■ La justicia investiga graves irregularidades en caso del atentado a la AMIA en Buenos Aires
Buenos Aires, 22 de mayo. El fiscal federal Alberto Nisman pidió hoy las detenciones del ex presidente Carlos Menem, su hermano Munir, el ex jefe de inteligencia del Estado Hugo Anzorreguy y el ex juez federal Juan José Galeano, por las graves “irregularidades” cometidas en la investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos, heridos y otros daños en julio de 1994 en esta capital.
Figuran además en la lista el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchezar y el ex comisario Jorge Palacios, a los que se les menciona en la pérdida y desaparición de pruebas.
En el caso de Menem, que es senador por su provincia La Rioja, debe ser sometido a desafuero para ser detenido. Se les imputa el ocultamiento de pruebas para favorecer al comerciante de origen sirio Kannore Edul, señalado por esa fiscalía federal.
El pedido del fiscal Nisman, considerado por organismos y varios analistas como “demasiado” comprometido con la línea de acusación de Estados Unidos e Israel, que sin pruebas específicas acusa a Irán por el atentado, está dirigido al juez Ariel Lijo, que investiga el caso AMIA, quien debe solicitar a otro fiscal para abrir o no una causa penal en este caso.
Desde La Rioja, Menem acusó al gobierno actual de estar detrás de estas acciones, mientras que el ex juez Galeano consideró que no existen pruebas en esta acusación.
Otros temas sobre derechos humanos impactaron hoy aquí, al conocerse la decisión del juez federal Sergio Torres de ampliar el procesamiento con prisión preventiva del ex capitán de la marina Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, en la causa donde se investiga el secuestro y desaparición durante la pasada dictadura (1979-1983) de las monjas francesas Alice Domon y Leonnie Duquet, y de María Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Azucena Villaflor, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.
También en este mismo caso hubo otras siete víctimas en esa criminal operación de diciembre de 1977, cuando fueron señaladas por el ex capitán de marina Alfredo Astiz –infiltrado entre las madres– y trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fueron torturadas y desaparecidas miles de personas.
También Torres embargó los bienes de Cavallo –recientemente extraditado desde España– por 12 millones de pesos (unos 4 millones de dólares) y determinó su responsabilidad en este caso, donde los secuestrados fueron sometidos a “diferentes tormentos” para luego ser alojados “bajo condiciones inhumanas” en los sectores denominados Capucha y Capuchita; estuvieron entre una semana y 10 días. Después “fueron trasladados por personal de la marina”.
“Trasladados” significaba que se los llevaban para desaparecerlos y arrojar sus cuerpos al mar. En algunos casos estos cuerpos fueron traídos a la costa por las corrientes y enterrados como NN, luego desenterrados y reconocidos en los últimos años por el equipo de Antropología Forense.
Entre esos cuerpos estaban los de tres madres de Plaza de Mayo.
Cavallo está cumpliendo prisión preventiva en el penal de Marcos Paz y hasta ahora se niega a contestar a los jueces. Su abogado aduce que ya estuvo detenido en México, donde fue descubierto por un informe anónimo enviado a un periódico de ese país en 2000, cuando era alto funcionario. Luego fue extraditado a España y finalmente a Argentina.
También hoy, Uruguay decidió extraditar a Argentina a un grupo de militares de ese país que participó aquí, en el contexto de la Operación Cóndor, en el secuestro y desaparición de María Laura García, nuera del poeta Juan Gelman, radicado en México.
La joven estaba embarazada cuando fue llevada en un vuelo a Montevideo desde el centro clandestino de detención Automotores Orletti, después de la desaparición de su esposo Marcelo.
La extradición quedó ahora sujeta a que se reabra el caso en Uruguay, que involucra a los militares uruguayos Jorge Silveira, José Nino Gavazzo, José Araújo Umpiérrez, Gilberto Vázquez y Ricardo Arab, y el policía Ricardo Medina, detenidos por otras causas.
El pedido de extradición del juez argentino Jorge Oyarbide fue enviado desde agosto de 2006.
María Claudia tuvo su hija en una repartición militar de Uruguay, y le fue robada y entregada a la familia de un policía. La joven fue encontrada después de una dramática búsqueda y ha recuperado su identidad.
El año pasado, Macarena Gelman demandó la reapertura del caso sobre la desaparición de su madre en Uruguay.