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■ Ojo morado para la fábrica de sueños en su carrera por evadir el fisco
La fábrica de sueños amaneció con un ojo morado, algo pocas veces visto en su ya larga cuan fructífera carrera de evadir y eludir al fisco de forma “legal”. Esta ocasión falló, y Televisa estrellose contra la pared en su afán por obtener un amparo más de la justicia federal para no pagar impuestos en el ámbito local.
Resulta que el consorcio mediático (concretamente Televisa Juegos y su filial Apuestas Internacionales, que opera los 130 permisos –25 años de vigencia, renovables– para centros de apuestas remotas y sorteos de números generosamente obsequiados por Santiago Creel cuando despachaba en Bucareli y quería ser el “candidato de las manos limpias”), ofendiose por y revelose ante la terquedad fiscal del gobierno del Distrito Federal, el cual insiste en cobrarle impuestos por las mencionadas actividades.
La impertinencia gubernamental desató la ira de Emilio Azcárraga Jean y demás barones Forbes que lo acompañan en el consejo de administración de Televisa, por lo que su filial Apuestas Internacionales promovió un amparo para evitar cualquier posibilidad de que las huestes de Marcelo le cobraran los impuestos derivados de su nuevo cuan jugoso negocio.
La fábrica de sueños dio por hecho que procedería el nuevo amparo, tal y como sucedió al principio de la historia, en mayo de 2005 cuando, otorgados los permisos, algún iluso se inconformó hasta llegar el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que meses después declaró legales los citados permisos, impasse que no detuvo a Televisa para que de inmediato pusiera a caminar su negocio de apuestas y sorteos.
Pues bien, ayer esa misma instancia (la SCJN) resolvió que el amparo promovido por Televisa (Televisa Juegos/Apuestas Internacionales) no tiene sustento jurídico, de tal suerte que le dio la razón al impertinente Gobierno del Distrito Federal, el cual sí está legalmente autorizado para cobrar impuestos a las empresas dedicadas al juego y a los sorteos (léase la fábrica de sueños). Y no sólo el Distrito Federal, sino los 31 estados de la República.
A Televisa nada mal le ha ido en su nuevo negocio de apuestas y sorteos. Oficialmente reportado desde 2006, las ventas de su filial Apuestas Internacionales han crecido como la espuma: 58 millones de pesos en esa fecha (con sólo cinco establecimientos en funcionamiento), para que un año después, 2007, el monto se incrementara a 626 millones, es decir, un avance cercano a mil por ciento. Por esos 684 millones de pesos en ventas bianuales, el consorcio mediático, según sus propias cifras, pagó alrededor de 10 millones de pesos (1.4 por ciento) por los “aprovechamientos” que debe cubrir a la Secretaría de Gobernación, o lo que es lo mismo, 14 centavos por cada 10 pesos de ingreso. Un doble negocio, sin duda, a costillas del erario.
En el primer trimestre de 2008, revela el informe oficial que Televisa entregó a la Bolsa Mexicana de Valores, los ingresos por su negocio de apuestas y sorteos sumaron 273 millones de pesos (ya con 16 establecimientos en operación, 11 de ellos fuera del Distrito Federal), de tal suerte que al cierre del año ese monto podría llegar a cerca de mil 100 millones de pesos, 76 por ciento más que en 2007, y mil 800 por ciento mayor al de 2006.
Para Televisa, pues, el de los juegos y los sorteos no es un mal negocio. Por el contrario, como se documenta, sus ingresos crecen geométricamente, pero se niega a cubrir los impuestos que le corresponden, acostumbrada a pagar lo menos de lo menos, o de plano a no pagar. Por ejemplo, con utilidades crecientes el consorcio mediático mantiene “impuestos diferidos” –causados pero no enterados al fisco– por mil 100 millones de pesos, de acuerdo con el reporte al primer trimestre de 2008.
Pero la parte suculenta del negocio fiscal se resume en lo que Televisa anuncia en su informe trimestral, que a la letra dice: “el impuesto sobre la renta disminuyó 90.4 millones de pesos, o 16 por ciento, a 476.2 millones en el primer trimestre de 2008, en comparación con 566.6 millones en el primer trimestre de 2007. Esta reducción se debe a una base gravable menor”.
En el mismo documento se apunta que tanto las ventas netas (9 mil 538 millones) como las utilidades (mil 53 millones) crecieron (16.4 y 47.7 por ciento, respectivamente), pero “la base gravable” se redujo, o lo que es lo mismo pagaron menos impuestos por mayores ganancias.
Por lo que toca a los ingresos por “otros negocios” –supuestamente desligados del relativo a la televisión– aumentaron 60.4 por ciento, para sumar 790 millones de pesos. De estos, 35 por ciento corresponde a juegos y sorteos, mientras el porcentaje restante se reparte en distribución de películas de largometraje, radio y futbol. En el primer trimestre de 2008 Televisa invirtió 9 millones de dólares en su área de juegos y sorteos, es decir, el 11 por ciento del total de sus inversiones en este segmento.
Nada mal se ven los números de la fábrica de sueños, pero eso de pagar impuestos provoca urticaria entre los barones. Aún así, se quedan con su ojo morado y un negro en el arroz en su largo historial de beneficios fiscales, así sea en el Distrito Federal. De todas maneras no hay que emocionarse, porque, como se documenta, si la SCJN obliga a Televisa a cumplir fiscalmente en la capital de la República, otros gobiernos (el federal en primer lugar, sin olvidar a los gober preciosos, piadosos y conexos) la resarcirán con creces.
Las rebanadas del pastel
Nueva tanda temática en el debate petrolero en el Senado de la República. Ahora el tema central, de gran relevancia, sin duda, es el “análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética”. Ayer fue la primera ronda; el jueves próximo la segunda. Y el “marcador” parcial: tres ponentes dejaron claro que la intentona privatizadora del inquilino de Los Pinos viola la Constitución; dos que no lo hace, y uno más que si, pero no, o si se prefiere, no, pero sí (dijo algo así que es “constitucional, pero perfectible”). Lo único cierto es lo verdaderamente complicado que se les hace a los privatizadores justificar dicha acción en “términos constitucionales”.