■ En el operativo se utilizaron jaulas para acomodar a los indocumentados, denuncian en EU
Iglesias, defensores de derechos humanos y sindicatos condenan la redada en Iowa
■ Los trabajadores enfrentaron cargos criminales y a las mujeres les colocaron brazaletes para vigilarlas
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Las protestas por la detención de 389 trabajadores indocumentados no se hicieron esperar en Iowa
Foto: Ap
Nueva York, 20 de mayo. La redada de indocumentados más grande en un solo sitio en la historia estadunidense ha provocado un amplio coro de denuncias de iglesias, sindicatos, defensores de migrantes y expertos a escala local y nacional; todos coinciden en que demuestra las graves fallas de un sistema migratorio disfuncional y políticas equivocadas que castigan a los trabajadores más vulnerables y dejan impunes a los empresarios y los políticos responsables de esta situación.
La redada realizada por aproximadamente 200 agentes federales que tomaron por asalto la planta empacadora de carnes Agriprocessors, en el pueblito de Postville, Iowa, hace una semana, donde arrestaron bajo cargos criminales a 389 trabajadores inmigrantes –casi todos guatemaltecos y mexicanos– ha aterrorizado a la comunidad migrante de la región.
Esta redada ha despertado nuevamente el debate –tanto a escala local como nacional– sobre quiénes son los criminales. No sólo se trata de si alguien es “ilegal” por no tener papeles y si ese “delito” amerita operaciones de asalto casi militares del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, sino que quienes se benefician con este sistema de explotación laboral de migrantes parecen quedar en gran medida impunes.
“Agriprocessors usó el descompuesto sistema de inmigración de nuestra nación para explotar a sus trabajadores y engañar al pueblo estadunidense. Es vergonzoso y debería ofender a todos que esta empresa repetida y flagrantemente ha violado nuestras leyes laborales y ambientales… sus acciones deprimen los salarios y las condiciones laborales para todos, y deben rendir cuentas”, afirmó Mark Lauritsen, vicepresidente del sindicato nacional de la rama de alimentos (UFCW, por sus siglas en inglés).
Idea “repugnante”
Líderes religiosos de las iglesias católica, luterana y metodista también denunciaron el operativo. Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, organización nacional promotora de una reforma migratoria, señaló que “la idea de atemorizar a los trabajadores migrantes y sus familias para que huyan del país es repugnante”, y criticó la manera injusta de aplicar la ley.
En 2007, indicó Sharry, las autoridades multaron a 17 patrones, mientras que 97 por ciento de todos los arrestos por asuntos de migración en los sitios de trabajo fueron de empleados, no de empleadores.
A pesar de las afirmaciones del gobierno federal de que se dedica a castigar a empresarios que contratan y explotan a indocumentados, el hecho es que aunque las detenciones en los sitios de trabajo se han multiplicado por 10 desde 2002 –de 510 a 4 mil 940–, sólo 90 de los detenidos con cargos criminales han sido ejecutivos de empresas, reporta el Washington Post.
En la planta de Agriprocessors, según documentos presentados por la agencia de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ante los tribunales, se habla del empleo de trabajadores de 15 años, maltrato y coerción de trabajadores, y hasta de la existencia de un laboratorio de metanfetaminas dentro de la planta. La misma empresa ha sido multada por violar regulaciones de salud, seguridad y laborales, por contaminación ambiental y hasta por trato inhumano de animales.
El UFCW, que ha buscado establecer una base sindical ahí, denunció que la redada posiblemente destruyó una investigación de meses sobre las violaciones de las leyes laborales. “Están deportando a 390 testigos”, denunció Lauritsen, de dicho gremio.
La Red Nacional pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (NIRR, por sus siglas en inglés) condenó la redada como “una injusticia bajo cubierta de la ley”. Añadió que la agencia de inmigración “deliberadamente emplea redadas para enviar olas de shock a través de las comunidades migrantes, para reprimir derechos y suprimir esfuerzos de organización… y los resultados son devastadores: familias son separadas, comunidades son traumatizadas” y hay graves consecuencias económicas. Subrayó que “las acciones de la ICE contra Postville fueron un ataque deliberado a los derechos y el bienestar de migrantes en todas partes”.
Para los detenidos en Postville, la pesadilla apenas empieza. Testigos cuentan la primera escala después del arresto de los trabajadores: fueron trasladados a una instalación usada para ferias de ganado y adaptada para este operativo como centro de detención y procesamiento en Waterloo. Ahí, dentro de un gran almacén, había jaulas improvisadas con literas para unas 50 personas cada una. La primera noche los detenidos padecieron frío.
Cuando Édgar Rebollar, responsable de protección del consulado de México en Omaha, encargado de Iowa y Nebraska, y su equipo llegaron en la tarde del lunes pasado, no se les permitió el acceso a los detenidos, y tampoco había comunicación telefónica. No fue sino hasta la mañana del martes que pudieron ingresar y entrevistar a los mexicanos detenidos: 56 hombres y 37 mujeres
Rebollar, en entrevista telefónica con La Jornada, señaló que la situación legal es más seria en este caso que sólo una violación de la ley migratoria, lo cual limita las opciones legales. “Casi todos fueron acusados de cargos criminales, lo cual anula la posibilidad de buscar modificar su condición migratoria”, explicó.
Las autoridades, indicó, procesaron a casi todos en un tipo de juicio de 15 minutos, donde si aceptaban declararse culpables recibirían una condena de siete meses de prisión, seguida por la deportación.
A varias mujeres se les permitió regresar a sus hogares mientras aguardaban la segunda etapa de su proceso legal, pero se les colocó una pulsera electrónica en el tobillo para monitorearlas y asegurar que no salieran del estado, informó el cónsul. En estos casos, explicó Rebollar, el consulado ofrece a los familiares de los detenidos asistencia financiera para la repatriación (por tierra), apoyo de emergencia para necesidades básicas durante una semana y asesoría legal.
Informó que algunos familiares han solicitado el envío de un “consulado móvil” para atender las necesidades de documentación (pasaportes, registros de nacimiento) de los afectados, pero que eso aún no es posible.
En Postville se han quejado de que los servicios de emergencia ofrecidos por el consulado han sido mínimos y que es “obvio que hay suficiente necesidad como para enviar un equipo móvil”.
La profesora Martha Pérez, mexicana residente de Iowa City y que participa como voluntaria para apoyar a esta comunidad devastada, indicó a La Jornada que ha insistido ante el consulado para agilizar los trámites que necesitan realizar las familias víctimas de la redada, y señala que el cónsul de Guatemala llegó casi desde el primer momento y ha logrado procesar la documentación para sus paisanos de manera muy eficiente.