Usted está aquí: miércoles 21 de mayo de 2008 Opinión Astillero

Astillero

Julio Hernández López
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■ Sinaloa, estado de excepción

■ Control de huracanes

■ Paternidad y elecciones

Ampliar la imagen TERCER FORO DE DEBATES SOBRE PEMEX. El legislador panista Juan José Rodríguez Prats hace cuestionamientos a los ponentes, durante el foro de debate sobre reforma energética, realizado ayer en la casona de Xicoténcatl del Senado de la República   Marco Peláez TERCER FORO DE DEBATES SOBRE PEMEX. El legislador panista Juan José Rodríguez Prats hace cuestionamientos a los ponentes, durante el foro de debate sobre reforma energética, realizado ayer en la casona de Xicoténcatl del Senado de la República Marco Peláez Foto: Foto

En Sinaloa se ha puesto en marcha un plan piloto de control militar que en los hechos significa la virtual declaratoria de un ilegal estado de excepción. Rotos los acuerdos de productiva coexistencia entre bandas de narcotraficantes y entre éstas y autoridades de los tres niveles, la entidad productora del mayor número de jefes del mercadeo de drogas se ha visto sumida en aguas de violencia como nunca había sucedido.

A la dimensión de esa crisis ha respondido con mano militar la administración civil encabezada por Felipe Calderón, pero llevando a las fuerzas armadas a la toma de medidas que rebasan las facultades propias de esos cuerpos castrenses y lesionan derechos y libertades civiles. Aparte del bélico combate a los muy bien pertrechados grupos del narco, los mandos verde olivo han decidido, por dar un ejemplo menor, pero significativo, irrumpir sin autorizaciones judiciales en moteles y establecimientos comerciales (sobre todo bares y discotecas) para ejercer funciones de supervisión de la normatividad municipal y estatal relacionada con esos giros mercantiles. Además, como está sucediendo en muchos otros lugares del país, los militares han tomado abiertamente el mando de las corporaciones policiales sabidamente infiltradas por los grupos mafiosos, haciendo en todo a un lado a un gobernador desdibujado y huidizo, Jesús Aguilar Padilla, y a las instituciones de la entidad que de un golpe han quedado relegadas.

El abatimiento del marco jurídico y la comisión cotidiana de actos abusivos (detenciones, cateos y agresiones a civiles) no pueden ni deben ser vistos de reojo por los poderes federa- les legislativo y judicial ni por la sociedad en pleno: abrir el paso hoy, por circunstancias sinaloenses, a una forma de gobierno militar de facto, significa abrir el camino mañana a la instauración, o la confirmación, de un cogobierno nacional en el que la parte civil sólo sirva de parapeto de la militar.

Mientras avanza la militarización en el país, la cúpula panista se alista para enfrentar huracanes. Felipe Calderón dijo ayer, por ejemplo, ante el gobernador veracruzano Fidel Herrera, que se ha puesto en marcha “un programa exhaustivo” para reducir los riesgos derivados de esos fenómenos naturales. Germán Martínez, el secretario de asuntos partidistas del gobierno de Los Pinos, por su parte, ha respingado ante la posibilidad de que los opositores a la privatización petrolera insistan en la necesidad de organizar un referendo para que la decisión sobre ese tema sea tomada por mayorías sociales y no sólo por un puñado de legisladores federales que ni siquiera se sienten obligados a guiarse por los resultados de los tales debates senatoriales. Felipe, Germán y otros panistas de poder saben que la faramalla institucional del Senado servirá de poco cuando quieran imponer su decisión original de convertir la riqueza petrolera nacional en patrimonio de particulares y, por ello, precavidos, instalan a nivel nacional “programas exhaustivos” de control social mediante las armas.

Astillas

Edith González Fuentes y Santiago Creel Miranda merecerían que los asuntos de su vida privada quedaran en ese ámbito y no fueran tocados por lo político (Edith no sólo ha destacado como actriz, cantante y bailarina, además publica semanalmente en El Universal una columna informada e inteligente denominada El ombligo de Venus, con interesantes tonos de análisis político y social). Pero, para infortunio de ellos, tiene carácter de polémica pública el contexto en el que se ha producido la tardanza del panista en reconocer una paternidad bastante difundida pero nunca antes aceptada. Dado que durante casi cuatro años eludió la confirmación de que Constanza González Fuentes debía llevar su apellido, y ese periodo coincidió con sus más intensas aspiraciones políticas, es razonable preguntarse qué tanto el silencio previo tuvo como propósito mantenerse en sintonía falsa con la moral dominante en el panismo que vería mal esa progenitura fuera de matrimonio y no le haría candidato presidencial o, siéndolo, le convertiría en un contendiente vulnerable. Divorciado en 2005 de Beatriz Garza, con quien tuvo tres hijos, el actual senador blanquiazul, de 56 años de edad, apareció a finales de 2007 en la boda de Miguel Ángel Yunes, hijo del director del ISSSTE, como novio de Paulina Velasco, de 28 años de edad, que ha ocupado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un cargo en el rubro de relaciones públicas… Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia informan que “el miércoles de la semana pasada nos dimos cuenta que nuestras cuentas del SAR y del Fovissste depositadas en Banamex habían sido traslada- das sin nuestro consentimiento a otro banco. Actualmente la mayoría de los académicos esperamos la resolución de dos amparos que interpusimos para que no se nos aplique la nueva Ley del ISSSTE, la cual consideramos lesiva para nuestros derechos laborales y humanos además de ser anticons- titucional y, aunque aún no hay fallo definitivo, tenemos una suspensión provisional, por lo que trasladar, tomar o lo que sea que hayan hecho con nuestras cuentas, es violatorio además de la resolución del juez. La cuestión es que en Banamex no nos dijeron a dónde las habían llevado, pero nos dieron un teléfono de Pensionissste; hablamos pero nadie contestó. Como consideramos ilegal el traslado llamamos a la Consar donde, además de ponerse muy nerviosos, no nos dijeron dónde estaba nuestro dinero del retiro y nuestro fondo de vivienda. Estamos por definir los procedimientos legales a seguir; por lo pronto queremos hacer del conocimiento público este atraco a nuestros fondos de retiro y vivienda”… Alguien que conoce muy bien a Polimnia Romana Sierra Bárcena plantea la siguiente aclaración: “nunca perteneció a ningún cuerpo de seguridad; ella colaboró con AMLO, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, como asistente personal de él en el área de logística. Lo acompañó en las giras durante la campaña y sigue con él en el recorrido por toda la República. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México”… Y, mientras Bucareli atiende el expediente EPR, ¡hasta mañana!

 
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