Editorial

Mexicanos en EU: comparación atinada

El relator especial de Derechos Humanos para los Migrantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Bustamante, señaló ayer que las redadas que se realizan en territorio estadunidense en contra de indocumentados mexicanos son similares en brutalidad a las que se llevaban a cabo en la Alemania nazi contra el pueblo judío.

La comparación levantará ámpula. Ciertamente, el propio Bustamante señaló la pertinencia de guardar las proporciones entre una circunstancia y otra y de considerar la diferencia fundamental entre las fuerzas formales e informales del Tercer Reich, que tenían como propósito final el exterminio, y las corporaciones policiales de Washington, que no buscan conducir a los extranjeros a las cámaras de gas, sino a la cárcel o a los puestos de deportación, y cuyo propósito último no es el cumplimiento de la ley, sino la modulación de la oferta de mano de obra barata en función de las necesidades de la economía. Pero no pueden negarse los puntos en común de ambas situaciones: la brutalidad policial, que no para mientes en garantías individuales ni en derechos humanos y el hecho de que se consagra a perseguir a inocentes.

Desde esa perspectiva, el símil que plantea Bustamante resulta acertado para caracterizar el abuso y atropello de que son objeto cotidianamente los connacionales en el país vecino. Así, la inaceptable política de persecución que el gobierno estadunidense –autodenominado defensor mundial de los derechos humanos y la legalidad– puso en marcha hace más de una década confirma su papel como principal violador de las garantías individuales dentro y fuera de su territorio y demuestra, al mismo tiempo, el empecinamiento en desconocer un fenómeno inherente a las sociedades humanas y que en la actualidad se ve acentuado por una economía global impulsada desde Washington, generadora de grandes asimetrías económicas, promotora de la movilidad de capitales y fuentes de empleo, y cuya consecuencia inevitable es el flujo de personas de un país a otro, en busca de las condiciones mínimamente dignas que sus lugares de origen les niegan.

Otro aspecto destacable de los señalamientos del funcionario internacional es la “indiferencia increíble de la sociedad mexicana sobre lo que les pasa a los emigrantes mexicanos en Estados Unidos” y la acusación al gobierno federal por incumplir su obligación legal de proteger a sus ciudadanos en el extranjero.

Las declaraciones del relator especial de la ONU apuntan a una actitud reprobable y vergonzosa de las autoridades mexicanas, en cuya agenda bilateral con Estados Unidos dominan temas como el acuerdo de asistencia militar denominado Iniciativa Mérida, que es una amenaza para la soberanía nacional y, en cambio, no aparecen o lo hacen “de forma minúscula”, las discusiones en torno a la política criminal que enfrentan los mexicanos indocumentados en el vecino país del norte.

Esta circunstancia no es de extrañar cuando el propio Felipe Calderón ha dado signos de su falta de interés por la situación de ese sector de la población, a pesar de que constituye uno de los sostenes de la economía nacional: como botón de muestra, baste mencionar que, durante la gira que realizó en febrero pasado por territorio estadunidense, el jefe del Ejecutivo federal dedicó la mayor parte de su tiempo a entrevistarse con funcionarios –algunos, realmente menores– y empresarios del país vecino, pero minutos escasos y contados a las organizaciones de migrantes, con lo que desperdició la oportunidad de dar algún sentido a una visita marcada por tropiezos y deficiencias organizativas de la delegación presidencial y por la indiferencia de la clase política estadunidense y los medios locales de comunicación, inmersos en el proceso electoral que vive aquel país.

Por lo demás, como apuntó el propio Bustamante, resultan también inaceptables los atropellos que padecen a manos de policías nacionales los migrantes centroamericanos que llegan sin permiso a territorio nacional.

Sin duda, las recientes modificaciones a la Ley General de Población, que despenalizan la inmigración indocumentada a nuestro país y la reducen a falta administrativa, constituyen un buen paso inicial en el ámbito de lo formal con respecto al trato humanitario y en el reconocimiento de la realidad global contemporánea. Pero este avance legal no servirá de nada si no se traduce en hechos. Para ello, la sociedad debe demandar a las autoridades mexicanas un compromiso efectivo para hacer valer los derechos de los migrantes sin papeles que ingresan a territorio nacional, por elementales razones humanitarias, y porque en tanto eso no suceda, el gobierno mexicano carecerá de la autoridad moral para demandar al estadunidense un trato más justo y humano para los mexicanos que viven y trabajan en la nación vecina del norte.