El pueblo nasa de Colombia bajo fuego

A raíz de la tragedia ocasionada por las avalanchas de los ríos Páez y Moras, desde 1994 los nasa de Tierradentro confiaban que el Estado colombiano cumpliera su promesa de comprar tierras para recomponer la vida cultural de las comunidades que han visto rotas sus formas de producción y trabajo cotidiano. Esto se recrudeció a comienzos de 2007 cuando el volcán Nevado del Huila entró en actividad ocasionando dos avalanchas de los ríos Páez y Símbola, que afectaron las pocas áreas productivas de Tierradentro, por lo que los comuneros de más de tres resguardos aledaños al Nevado debieron abandonar sus sitios de convivencia y trasladarse a campamentos transitorios.

En aquel entonces, dos comunidades se ubicaron lejos de sus lugares de origen, y cuatro más establecieron albergues dentro de la misma área de amenaza; unos se establecieron en el municipio del Tambo y otros en Silvia mientras otros marcharon hacia las cercanías del departamento del Huila. Todos fueron acogidos solidariamente, unos por sus hermanos nasa y otros por ambalueños, ante la indiferencia gubernamental.

Por presión del mismo gobierno, y ante la carencia de respuestas institucionales, algunas comunidades regresaron a Tierradentro, no sin antes unirse a los procesos de liberación de la Madre Tierra adelantados desde el mes octubre en más de cinco municipios del departamento, dejando en claro que cualquier situación de riesgo era responsabilidad del Estado colombiano.

Además de la actividad volcánica que, tal como lo registra Ingeominas en sus casi 50 reportes oficiales, no ha cesado desde febrero del 2007, el conflicto armado es otra amenaza permanente para las comunidades indígenas de Tierradentro que han comprobado el deterioro de sus derechos por acción de los actores armados. Por información de los medios de comunicación se ha conocido de los enfrentamientos entre ejército y guerrilla en territorios de resguardo, afectando vidas humanas y creando zozobra, tal como sucedió el 8 de marzo, cuando murió el hijo del capitán del resguardo de Huila, por efecto de la explosión de un artefacto abandonado.

Por otra parte, las comunidades y autoridades indígenas del departamento del Cauca consideran que el Estado colombiano, bajo la responsabilidad del presidente Uribe, ha declarado la guerra a los pueblos indígenas, y al no encontrar argumentos legales para contradecir las justas luchas de las comunidades indígenas, en el consejo comunitario realizado en la ciudad de Popayán el pasado 15 de marzo le preguntó al general que lo acompañaba: “…¿hemos pagado alguna recompensa por información sobre invasores?” y el general le respondió “…todavía no”, a lo cual Uribe formuló “…ofrezcámosla… eso ha sido muy útil en el país… dicen no… es que están allá… están consolidados… que no los rompen… los rompen… los delincuentes terminan rotos …a uno le dicen… no… esa gente es muy unida, se unen para invadir y nadie va a delatar al otro… mentiras… los delincuentes terminan acusándose los unos a los otros… uno que cogimos por allá abajo… ustedes saben… ustedes saben o no… saben o no (coro sííí) a ese no lo cogimos con satélites a ese lo cogimos con información humana… los delincuentes… los delincuentes… terminan traicionándose y la recompensa ayuda a que se traicionen… hay que romperlos con la recompensa mi general”.

Esta conversación, en donde los organismos de investigación para adelantar justicia se disculpan ante la sag (sociedad de Agricultores y Ganaderos) y el presidente lamenta no tener argumentos legales para judicializar a los indígenas (no habla de resolver la problemática de tierras), muestra que si antes las comunidades indígenas podíamos esperar cumplimiento a los múltiples compromisos del Estado con nuestros pueblos y comunidades, hoy, el mandatario de los uribistas (no podemos decir de los colombianos), nos hace saber que su interés y tarea gubernamental es acoplar las normas para continuar el robo de nuestros territorios como lo hicieron los españoles en la época de la conquista y lo continuaron haciendo los detentadores del poder durante el periodo republicano.

Por eso hoy, las informaciones que llegan desde el municipio de Silvia se muestran muy alarmantes y pueden dar un aviso de tragedia para el Cauca indígena, pues es allí donde nuestras comunidades (entre ellas las de Tierradentro) realizan acciones de liberación de la Madre Tierra ya están siendo desalojados a bala, al parecer, por efectivos de la fuerza pública y personal de civil.

Ante esta situación, novedosa por la insolencia como se expresa el poder en Colombia contra los procesos sociales y las movilizaciones pacíficas, decimos que no nos queda más que reclamar de los organismos internacionales de derechos humanos, gobiernos democráticos e instituciones solidarias del mundo, su vigilancia urgente ante esta nueva agresión contra nuestros procesos.

Tres situaciones debe observar con urgencia la comunidad internacional:

El incumplimiento sistemático de los acuerdos y compromisos del Estado con nuestros pueblos y comunidades mantiene latente la amenaza de de­saparición forzada de nuestras sociedades, culturas y tradiciones.

La aplicación a nuestros procesos de políticas contra el terrorismo aumenta nuestra situación de riesgo inminente, ya que la opinión internacional conoce que policía y ejército entienden lo dicho en el consejo comunitario de Popayán el 15 de marzo, como una orden para hacer uso excesivo de la fuerza y los grupos paramilitares (que siguen ejerciendo su poder con absoluta impunidad, por ser otros “defensores” de la institucionalidad), lo asumen como una directriz presidencial que debe acatarse, así no sea política de Estado.

La generación de leyes contrarias a los principios constitucionales, emitidos por un congreso que tiene un alto por­centaje de personal involucrado judicialmente con el paramilitarismo no garantiza que la legalidad sea favorable a la mayoría de los colombianos y menos hacia los desplazados y los indígenas que hemos sido las víctimas de sus acciones.

Consejería Mayor

  Consejo Regional Indígena Del Cauca (CRIC)

Popayán, Colombia. Marzo de 2008