■ Bajo reserva, especificaciones de los automotores, para evitar poner en riesgo su seguridad

Presidencia deberá dar a conocer el costo del blindaje de los vehículos que usa Calderón

■ El IFAI da un plazo de 10 días a Los Pinos para que entregue la información solicitada

Claudia Herrera Beltrán

La Presidencia de la República debe informar el costo del servicio de blindaje de los 21 vehículos al servicio del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, porque hacer públicos esos datos no pone en riesgo su integridad ni la de las personas que lo rodean, concluyó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Instruyó además a Los Pinos a que entregue a este diario copias de las facturas o de cualquier otro documento en el que consten las condiciones por la prestación del servicio de blindaje o bien si éste es de fábrica, donde indique el costo de los vehículos, de forma que no sea posible obtener el pago por unidad blindada. En los dos casos, dio un plazo de 10 días para cumplir con la resolución.

A la par, el IFAI determinó confirmar la reserva por 12 años de información relacionada con las características de dichas unidades y de su blindaje, porque según la Presidencia su publicidad pondría en riesgo la seguridad e integridad del presidente ante posibles atentados o cualquier agresión de la “delincuencia organizada”.

Al revocar la reserva de parte de la información solicitada, el IFAI argumentó que inclusive hizo una búsqueda en Internet sobre empresas blindadoras y encontró que, si bien publican información referente a los niveles de blindaje, no ofrecen el costo de los mismos.

Por lo anterior, “es posible afirmar que la divulgación del costo del servicio del blindaje de los 21 vehículos al servicio del Presidente no pone en riesgo su integridad ni la de las personas que lo rodean, en virtud de que el monto no hace identificable el nivel o tipo de blindaje de los automotores; de ser el caso contrario, procedería la conformación de la clasificación con fundamentos en las causales analizadas”, consignó el comisionado Alfonso Gómez-Robledo, ponente del caso.

También ordenó a la oficina presidencial que dé acceso a las facturas por el servicio del blindaje, al tratarse de documentación mediante la cual se transparenta la gestión pública y se favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos.

Pero en caso de que en estos papeles se encuentren datos correspondientes a las especificaciones técnicas de los niveles de seguridad del blindaje de los vehículos o aquella que permita identificar a los mismos, la Presidencia de la República deberá elaborar una versión pública de la documentación solicitada en la cual omita dicha información.

Por otra parte, coincidió con Los Pinos en que causaría daño la información acerca de la identificación plena de vehículos, porque permitiría conocer las capacidades de seguridad y ubicación (patrones de rutas) de los automores que tienen por objeto salvaguardar la integridad física del Presidente, y provocaría que se vieran “neutralizadas” las acciones implementadas o planeadas por el Estado Mayor Presidencial.

De esta resolución se desprende que tampoco es conveniente identificar a las personas morales que llevaron a cabo el blindaje de los vehículos utilizados por el titular del Ejecutivo federal, ya que éstos pudieran ser sujetos de presión con objeto de que revelaran las especificaciones técnicas de automotores.

Reconocen riesgo de atentado

Originalmente la Presidencia clasificó los documentos referidos por 12 años y luego alegó ante el IFAI (en un documento recibido el 26 de febrero de 2008) que dar a conocer cuáles vehículos están blindados, su tipo de blindaje, qué empresas lo hicieron, las condiciones del contrato y proporcionar las facturas puede ocasionar que “se dificulten las estrategias para prevenir y combatir cualquier tipo de acción delictiva gestada para amenazar, afectar o dañar la integridad” de Calderón.

Acerca de los montos pagados por el blindaje, fue más allá cuando señaló que su conocimiento “podría traer consigo que grupos de delincuencia organizada descubrieran al momento de saber el costo del equipo, el tipo de blindaje utilizado y existiera la posibilidad de que dichos grupos contrarrestaran con equipos de mayor o igual tecnología los grados de seguridad de cada uno de los vehículos a cargo del equipo de seguridad y logística del presidente, y así tuvieran la posibilidad de atentar contra la vida del titular del Ejecutivo, su familia, así como de los recursos humanos que trabajan en las oficinas del Ejecutivo”.

Esto, porque “normalmente se utilizan vehículos similares haciéndolos identificables”; además “estos datos pueden dar una idea precisa del nivel de fuerza que se requiere para llevar a cabo un atentado, el cual sin lugar a dudas puede efectuarse cuando se utilicen dichos vehículos al circular o encontrarse estacionados en la vía pública, incluso atendiendo la señal de alto en los semáforos”.

Dicha circunstancia, añadió, “invariablemente afectaría también la tranquilidad e integridad de la ciudadanía, alterándose como consecuencia la seguridad pública y ocasionando esta situación un evidente riesgo a la seguridad nacional, ya que se estaría revelando información técnica o datos que son susceptibles de potenciar o actualizar amenazas, de acuerdo con lo dispuesto por la normatividad en la materia”.