■ Presentaron recurso ante Garantías para que mañana lo lleve al órgano electoral federal

Exigen encinistas al TEPJF anular sesión en que se eligió al líder sustituto del PRD

■ Izquierda Unida se inconformará también por otros acuerdos que afectan a toda la militancia

Enrique Méndez

Integrantes de la corriente Izquierda Unida, que postuló a Alejandro Encinas como candidato a la dirigencia del PRD, interpuso ayer un recurso ante la Comisión Nacional de Garantías para que se exija al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se anule la sesión en que Guadalupe Acosta Naranjo fue electo “presidente sustituto” del partido.

En el cuerpo de la queja se solicita a los magistrados que ordenen la emisión de una nueva convocatoria a una sesión del Consejo Político Nacional en la que se analicen otras opciones para que el PRD no se quede sin dirigentes en tanto no se califique la elección interna, como “prorrogar el mandato de Leonel Cota Montaño, quien no ha renunciado a su cargo de presidente”.

El documento resalta que en una sesión de consejo previa se prorrogó la permanencia del resto de las carteras del Comité Ejecutivo Nacional, para evitar un vacío legal en el partido, por lo que tampoco procede el alegato del PAN en el sentido de ausencia de dirigentes en el sol azteca.

El recurso presentado ayer ante la Comisión Nacional de Garantías será turnado mañana al TEPJF. Al entregar el documento de 38 cuartillas, la ex diputada federal Dolores Padierna informó que también mañana un grupo de consejeros nacionales presentará otro recurso contra la misma sesión del consejo del pasado 4 mayo, en la que la mayoría de los integrantes de esa instancia, pertenecientes a Nueva Izquierda, cuyo candidato es Jesús Ortega Martínez, tomaron acuerdos que afectan a toda la militancia, no sólo a un candidato en específico.

En los alegatos se cuestiona el hecho de que el ponente de la resolución de Garantías, Renato Sales Heredia, utilizó la Ley de Régimen en Condominio para establecer que sí se cumplió el quórum necesario para llevar a cabo la sesión y, por tanto, que sus acuerdos se consideran válidos.

“La motivación del fallo emitido por Garantías no encuentra sustento alguno ni en los cuerpos normativos del PRD ni en los criterios del Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta vana su tentativa de justificar la aplicación en forma análoga a un artículo de la citada ley, de manera supletoria”, sustenta la queja.

El recurso también busca que se anule la denominada resolución “acerca del trabajo parlamentario del PRD”, que presentó Fernando Belaunzarán en la misma sesión del 4 de mayo, para expresar respaldo del consejo a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, ante las presuntas amenazas en su contra.

En el mismo sentido, busca anular el acuerdo de Nueva Izquierda en apoyo a las reformas al estatuto de gobierno del Distrito Federal. “Tal resolutivo, en condiciones de un consejo sin quórum e ilegal, pretende auspiciar una actuación de miembros del partido que se coaligaron con otras fuerzas políticas para aprobar dichas reformas”.

Más adelante, en un amplio alegato sobre la validez de la sesión, se cuestionaron los argumentos de la Comisión Nacional de Garantías para dar por válida la instalación del consejo, a pesar de que se ha documentado la falta de quórum en la segunda convocatoria y de que se cuenta con una fe de hechos otorgada por el notario público Sergio Navarrete Mardueño, quien registró que a las 12 horas con un minuto de ese día sólo habían concurrido 116 consejeros nacionales, cuando el mínimo requerido es una tercera parte del pleno, esto es, 128.

También resalta que Garantías no entró al fondo de la queja que previamente presentó la propia Dolores Padierna ante la misma instancia. “Simplemente, omitió entrar a un estudio de fondo respecto a las formalidades esenciales para declarar válidamente instalada una sesión plenaria que desde el punto de vista nuestro fue incumplida, lo cual reconoce tímidamente dicho órgano responsable de la resolución”.

Por todas esas razones, se solicita al tribunal electoral declarar ilegales los nombramientos de Acosta Naranjo y de Martha Dalia Gastélum, como presidente y secretaria general sustitutos, “así como todos los resolutivos de la sesión citada”.