■ Se inicia proceso legislativo en la Cámara de Representantes de EU
Piden aprobar ya la Iniciativa Mérida ante ola de asesinatos
■ Amnistía y otros grupos advierten sobre abusos policiacos en México
Nueva York, 13 de mayo. La Iniciativa Mérida fue presentada hoy en la Cámara de Representantes para empezar el proceso legislativo formal de su aprobación, promovida de manera cada vez más intensa por la Casa Blanca, que emplea las noticias sobre violencia en México como prueba de la urgencia de esta medida, mientras agrupaciones de derechos humanos y sindicales expresan su oposición.
El representante Howard Berman, presidente del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes, presentó un proyecto de ley para “autorizar” la Iniciativa Mérida, un paso necesario de procedimiento parlamentario para asignar los fondos federales.
La solicitud de asignar recursos para el primer año de los tres propuestos para la Iniciativa Mérida se encuentra en otro proyecto –la legislación de financiamiento suplementario para la guerra en Irak y Afganistán–, que comenzará su trayecto parlamentario de aprobación esta semana.
“El comercio ilícito de drogas está generando cada vez más violencia: no pasa una semana sin noticias de otro incidente violento relacionado con los narcotraficantes en México o Centroamérica”, declaró hoy Berman.
Los cárteles de droga, señaló, han sido responsabilizados de unas 6 mil muertes en los pasados dos años y medio en México. Recordó los actos de los últimos días, como los asesinatos de un jefe de la policía federal en la ciudad de México y otro alto mando en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Berman instó al Congreso a otorgar pleno apoyo a este proyecto legislativo (H.R. 6028) que autoriza un total de mil 600 millones de dólares (la mayoría para México y el resto para América Central) a lo largo de tres años para tareas antinarcóticos. Aclara que no hay ningún pago en efectivo y todo se dedicaría a la adquisición de equipo y capacitación.
Señaló que el proyecto de ley contiene “significativas salvaguardas de derechos humanos”, entre ellas el “requerimiento de investigar alegatos de violaciones de garantías individuales cometidas por cualquiera que reciba asistencia de la Iniciativa Mérida”.
Violación de derechos y tortura
Esta referencia a los derechos humanos aparentemente responde a críticas y expresiones de preocupación de una gama de organizaciones y agrupaciones.
Amnistía Internacional emitió hoy un comunicado en el cual plantea que con la larga historia de abusos de derechos humanos de las fuerzas militares y de la policía en México, toda asistencia estadunidense debe incluir mecanismos estrictos para la rendición de cuentas. Considera que las salvaguardas incluidas en la legislación presentada hoy son “insuficientes”.
“La asistencia para México no debe ser un cheque en blanco para las fuerzas de seguridad mexicanas, que han sido implicadas en crímenes como violación y tortura”, afirmó Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía Internacional-Estados Unidos.
Dijo que su país “necesita asegurar que está financiando justicia y el imperio de la ley en México, y no condonando abusos de derechos humanos”. Pero la oposición de sectores sindicales nacionales tal vez sea un mayor obstáculo para los promotores de esta medida. La central obrera AFL-CIO envió una carta a Berman y a otros líderes legislativos hace un par de semanas para criticar la Iniciativa Mérida y denunciar abusos laborales del gobierno mexicano. Desde hace meses el sindicato nacional siderúrgico USWA ha presentado ante el Congreso denuncias de que las mismas fuerzas de seguridad que se beneficiarán con esta asistencia han participado en la represión de trabajadores, incluyendo los casos en Cananea, Sonora, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Una agrupación que surgió después de la muerte del periodista/activista Brad Will en Oaxaca, Friends of Brad Will, también se ha reunido con legisladores y expresado protestas contra la aprobación de la Iniciativa Mérida, con el argumento de que siguen impunes los responsables del crimen.
En parte por esta oposición algunos legisladores lograron reducir de 500 a 300 millones el primer paquete de financiamiento de la Iniciativa Mérida, que se enfrenta ahora al juicio de los congresistas.