■ Su encarecimiento se debe más a la mercadotecnia, afirma alto funcionario del instituto

Escasa relación entre altos precios de fármacos y su eficacia: IMSS

■ Infructuosos esfuerzos para que los medicamentos sean más asequibles

■ Industriales niegan que sean costosos

■ La idea tiene que ver con la creciente incidencia de males crónicos, aseguran

Ángeles Cruz Martínez

Durante años se han buscado mecanismos tendientes a controlar o reducir los precios de los medicamentos, que para los fabricantes resulta inadecuado –por el “riesgo” de que se desmotive la investigación y la inversión económica–, mientras instituciones del sector salud consideran injustificado que la mayoría de fármacos sean caros, lo cual consideran resultado más de intereses comerciales que de verdaderas innovaciones para el control o la cura de enfermedades.

Un análisis del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica (IIIFAC) asegura que en los pasados cinco años los precios de las medicinas en el mercado privado aumentaron 27.88 por ciento, 12 puntos por encima de la inflación general en el mismo periodo (16.33 por ciento).

Sin embargo, para los laboratorios representados en la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) este dato podría ser “engañoso”, porque no toma en cuenta los incrementos que han tenido que cubrir los fabricantes en sus costos de producción, de 31 por ciento entre 2003 y 2008.

Una de las iniciativas surgidas desde el gobierno federal con el objetivo de regular los costos de los fármacos ha sido la creación de la figura del “precio máximo al público” en 1996, la cual subsiste, aunque, en los hechos, ha sido ineficaz.

“Autorregulación”

En una visión distinta de la situación que a diario padecen los enfermos y sus familias que deben comprar medicinas cada vez más caras, la Secretaría de Economía (SE) indica que entre 1970 y 1990 los precios de los medicamentos tuvieron un crecimiento menor al del índice nacional de precios al consumidor, por lo que en 1991 acordó con la industria farmacéutica la liberación gradual de los precios, con la finalidad de “eliminar el rezago, asegurar el abasto suficiente y oportuno, la rentabilidad y modernización del sector farmacéutico”.

Posteriores acuerdos y modificaciones dieron origen al actual esquema de autorregulación, por lo cual los fabricantes deben registrar ante la SE sólo los precios de los medicamentos que están protegidos por una patente.

Para determinar cuánto debe pagar el público se considera “el precio internacional de referencia más los márgenes de distribución normalmente reconocidos en México, con lo que se obtiene un precio de referencia de venta al público”, indica el reporte Sistema de regulación de precios de medicamentos: evolución y retos.

No obstante, según información oficial, entre 1996 y 1998 la mayoría de los productos innovadores se encareció hasta 200 por ciento, en lo que parecía una carrera imparable.

En esa época surgió la iniciativa de la Ssa para crear el mercado de genéricos intercambiables (GI), fármacos que mediante pruebas de bioequivalencia e intercambiabilidad demuestran tener la misma eficacia terapéutica que los innovadores, una vez que ha vencido la patente de éstos.

Las autoridades plantearon que con los GI –por ser 47 por ciento más baratos– se lograría frenar las alzas, pero a la fecha apenas representan 3 por ciento del mercado farmacéutico privado.

En el sector público el avance ha sido más rápido, pues por disposición del Consejo de Salubridad General las instituciones deben privilegiar la compra de GI.

Aun así, la erogación que realiza, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el mayor comprador del gobierno, es muy alta por la adquisición de productos de patente. De acuerdo con Santiago Echevarría, director de prestaciones médicas, los elevados precios se deben en parte a la mercadotecnia existente alrededor del medicamento, aunque en ocasiones nada tiene que ver con su eficacia terapéutica.

Sin duda, indicó, hay fármacos nuevos con un impacto importante en la salud humana, “pero son pocos. La mayoría de los novedosos, de patente, tienen un impacto mínimo comparado con las viejas fórmulas”, que siguen siendo muy eficaces.

En el IMSS, agregó, se ha empezado a promover una medicina social en la que se prescriben fármacos que, sin ser novedosos, son de calidad y dan resultados favorables. El sector salud en conjunto invierte entre 40 mil y 50 mil millones de pesos al año en la compra de medicinas.

No obstante, para la industria farmacéutica, en voz de Carlos Abelleyra, presidente de Canifarma, México está en una posición intermedia a escala mundial en cuanto a precios de las medicinas.

Incluso, expresa, aquí se paga menos por los productos de patente respecto a Estados Unidos y Canadá. Además se dan precios preferenciales al gobierno.

Sobre la percepción de los pacientes respecto al constante incremento de precios de medicamentos que se ofrecen como novedosos, de última generación, señaló que más de 65 por ciento de las medicinas que se consumen en el mercado privado mexicano valen menos de 100 pesos y 80 por ciento menos de 200.

Añadió que la idea de los precios altos tiene que ver con la cada vez mayor incidencia de males crónicos como diabetes, cáncer y sida, que requieren medicamentos de por vida. No obstante, abundó, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, del total del gasto familiar en salud en 2006, sólo 1.61 por ciento se destinó a compra de medicinas.

A su vez, Jaime Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, planteó que la mejor manera de enfrentar los altos precios de las medicinas es fomentar el desarrollo de la industria nacional y la fabricación de productos de calidad.

Mencionó que cuando aparece un medicamento nuevo, aunque sea muy caro, el beneficio es mayor que si no existiera, porque al vencer la patente es posible la producción de genéricos.

Recientemente se dio a conocer una nueva estrategia para que el sistema nacional de salud adquiera las medicinas de patente a mejor precio y en iguales condiciones en todo el país. La Comisión Negociadora de Precios de Medicamentos tiene esta tarea y como primer objetivo se propuso reducir el gasto que realizan las instituciones públicas en la compra de antirretrovirales para el control del VIH/sida.