Ciudad Perdida
■ El ministro favorito de Fox cerró la pinza
■ Sospechosa retractación
Sólo faltaba la intervención del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mariano Azuela para que el triángulo con Nueva Izquierda y Acción Nacional sustentara lo que el gobierno de la ciudad de México considera una acción en contra de la Constitución mexicana, dado que el procedimiento jurídico con el que se aprobaron las reformas al Estatuto de Gobierno y al Código Electoral, rompe con lo que señala la ley máxima del país.
De esa forma, el Gobierno del Distrito Federal sí prepara una controversia constitucional con el fin de revertir las reformas que, en acuerdo, el Partido Acción Nacional y la fracción parlamentaria Nueva Izquierda del PRD, en la Asamblea Legislativa, impulsaron con la colaboración del PRI.
Como ya lo hemos explicado en este espacio, los cambios, según advierte la dirigencia del PRD en el Distrito Federal, benefician claramente al Partido Acción Nacional, y crean un corredor de escape a Nueva Izquierda para combatir, desde las filas de partidos satélite, al propio PRD, aunque eso no parece ser el argumento que sustentará la demanda de controversia que también podría ser presentada por algún organismo partidista.
Y es que, como se recordará, el Código Electoral del Distrito Federal se publicó antes de que se reformara el Estatuto de Gobierno, que más adelante se tuvo que cambiar desde las cámaras de Diputados y de Senadores, para adecuarlo al mismo código, es decir, a una ley menor, lo que a ojos de quienes saben de leyes parece una aberración jurídica, pero para la ciudadanía no es más que un cochupo vergonzoso.
Es más, el 7 de mayo pasado, los ministros Sánchez Cordero, Aguirre Anguiano y el amigo de Vicente Fox, Mariano Azuela, sostuvieron ante el pleno de la Corte que el Código Electoral de la ciudad de México fue expedido sin ajustarse a la Constitución, ni al Estatuto de Gobierno, con un sistema “confuso” que afecta la certidumbre.
Claro que Sánchez Cordero y Aguirre Anguiano se mantuvieron, pero Azuela, cuya postura parecía una sorpresa, se rajó. Es más, en una primera intervención, durante el pleno que se efectuó ayer, decía, respecto del conflicto: “pues que las cosas se enderecen, qué problema hay en que la Asamblea emita un nuevo Código Electoral, que además aproveche porque parece ser que no hizo el cotejo de qué estaba a favor o en contra del anterior Estatuto”.
Hasta ese momento los argumentos de Azuela parecían llevar una lógica jurídica impecable, pero después vino un receso, y luego, sospechosamente, se acordó de un argumento que le permitió “justificar que voy a cambiar de punto de vista y de voto”, y la oveja volvió al carril.
Todos los argumentos jurídicos, y políticos, estaban sobre la mesa. Es cierto, no corresponde a la Corte juzgar las diferentes percepciones políticas de las organizaciones a favor y en contra, pero en cuanto a lo jurídico sí tenía todos los argumentos para invalidar los cambios de marras y al final decidieron dejar las cosas como están, es decir, no invalidar el Código Electoral e iniciar el análisis de cada uno de los artículos transformados o nuevos, lo que, según los expertos, no cambiará nada, aunque lo malo es que se olvidaron que, según las palabras de Azuela: “me parece verdaderamente claro que aquí sí se dio un sistema sumamente confuso, que obviamente afecta la certidumbre”, y que desde otras entidades se podrá realizar el mismo cochupo con la anuencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Qué vergüenza!
De pasadita
Hay testigos. Ayer, la presidenta del PAN en el DF, Mariana Gómez del Campo, y Víctor Hugo Círigo se reunieron en el restaurante Miró, del hotel Meliá de Paseo de la Reforma. Según la panista, sólo fue un encuentro normal entre dos políticos, pero hay quien dice que más bien se juntaron para examinar estrategias en caso de que Nueva Izquierda se quite la máscara y muestre se rostro azul. ¿Será por eso que en cuento vio cámaras Círigo se levantó de la mesa y echó a correr?