■ El caso amerita investigación penal, señala indagatoria del Congreso
Era evitable el colapso del año pasado en una mina de Utah
■ Evidencias de encubrimiento en la tragedia que provocó 9 muertos
Washington, 8 de mayo. El colapso de una mina de carbón en Utah el año pasado, en el cual murieron nueve mineros, tres de ellos mexicanos, era evitable, nunca se debió autorizar el tipo de operación minera que se empleaba y hay evidencias de encubrimiento que ameritan una investigación penal, concluyó una investigación del Congreso sobre el caso.
El Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes, encabezado por George Miller, presentó hoy los resultados de una investigación sobre la tragedia en la mina Crandall Canyon. El 6 de agosto de 2007, recordó, una falla estructural mayor causó un tipo de temblor (registró 3.7 en la escala Richter) que bloqueó todas las salidas de esa sección de la mina de carbón, seis mineros quedaron atrapados y finalmente murieron, entre ellos Alonso Hernández, Carlos Payán y Manuel Sánchez, cuyos cuerpos permanecen en esa fosa.
El 16 de agosto, durante los trabajos de rescate, murieron tres mineros más por otro colapso relacionado con el primero, relata el documento del Comité.
La investigación descubrió que hubo un incidente meses antes en otra sección de la mina, que indicaba que este tipo de operación ponía en peligro a los mineros, que fallas estructurales en el diseño de la mina podrían causar el tipo de desastre que ocurrió, y que esta información fue ocultada a las autoridades federales por los gerentes de la empresa. A la vez, las autoridades federales no deberían haber autorizado este tipo de operación minera en esa sección.
El representante Miller indicó que a finales del mes pasado envió una solicitud al Departamento de Justicia para abrir una averiguación penal sobre si los gerentes de la mina conspiraron para encubrir estos problemas, ya que el incidente menor ocurrido en marzo fue una “bandera roja” de alerta sobre la posibilidad de un colapso mayor.
Justo por estas “banderas rojas”, argumenta el Comité, las muertes de los nueve mineros eran evitables. Cinco meses antes de la tragedia, un colapso parecido en otra sección de la misma mina daba claras indicaciones de que ésta era inestable. Ese incidente no sólo no fue informado, como obliga la ley, a las autoridades federales de minería, sino que la empresa limpió el sitio y continuó empleando la misma técnica peligrosa de extracción de carbón en otra sección, reporta el informe de más de 150 páginas. Agrega que otra agencia federal ya había reportado que la mina estaba cada vez más insegura, y que sus soportes se estaban deteriorando.
“Las conclusiones de esta investigación demuestran que la tragedia de la mina Crandall podría haber sido evitada en varios momentos claves. Sugieren que el dueño de la mina no actuó en el interés o por la seguridad de sus empleados, y que la Administración de Seguridad y Salud de Minas (agencia federal encargada de supervisar estas actividades) no cumplió con estos mineros y sus familias”, declaró Miller al presentar el informe en conferencia de prensa aquí.
El ejecutivo en jefe de Murria Energy Corporation, dueña y operadora de la mina, Robert Murray había insistido en que la tragedia fue resultado de un sismo y no de sus operación, algo que siempre fue puesto en duda por investigadores federales y que hoy fue descartado por esta investigación.
Abogados de la empresa descalificaron las conclusiones de esta investigación, criticaron la evaluación “incompleta” de los hechos y condenaron la solicitud de una investigación penal, reportó el New York Times.
Mientras, familiares de los muertos que han presentado una demanda legal contra la empresa, consideraron este informe como la mayor prueba de las acciones irresponsables de los dueños de la mina. Uno de sus abogados señaló que los nueve mineros estarían vivos si la empresa hubiera tomado en cuenta las alertas de marzo, pero que fue más importante la “avaricia”.