México SA

Carlos Fernández-Vega
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■ Los blanquiazules sólo exigen impunidad

■ Las “manos limpias” no tocan al delfín Mouriño

“¡Que salga la oscuridad del sótano! ¡Que se investigue!” (Juan José Rodríguez Prats dixit), vociferaban los enardecidos panistas cuando al señor de las ligas, René Bejarano, lo agarraron in fraganti. Este nefasto personaje pasó una temporada en el Hotel Reno, pero ahora que a uno de los suyos lo agarraron con las manos en los contratos, los blanquiazules ya no hablan de tinieblas ni reclaman pesquisas; simple y sencillamente exigen impunidad.

Juan Camilo Mouriño Sahagún a punto está de ser oficialmente “exonerado” por su intensa actividad como empresario-funcionario y sus jugosos negocios familiares con Pemex-Refinación, entre otras dependencias públicas, según lo ha adelantado el diputado del Verde Ecologista (partido que tiene su propio bebé impune de nombre Jorge Emilio), Xavier López Adame, supuesto presidente de una supuesta comisión legislativa que supuestamente investigaría los muy reales contratos que la paraestatal firmó con el preferido de Calderón y su empresa familiar, Ivancar.

López Adame se apresuró a difundir que “la comisión especial de diputados” (de mayoría panista) que “investiga” los negocios de Juan Camilo “descubrió” que el zombi de Bucareli “no cometió el delito de tráfico de influencias”; de hecho, dijo, “nada que lo demuestre”, mucho menos que la empresa Ivancar “fue favorecida de alguna manera”. Eso sí, dejó en claro que lo anterior “no debe tomarse como una exoneración para Mouriño”.

Sin duda (a pesar de la feroz competencia en materia de corrupción e impunidad en la presente administración gubernamental, en franca competencia con la de Fox), el de Juan Camilo Mouriño es –hasta el momento– el segundo caso más sucio y obvio del calderonismo (el primer lugar lo ocupa el fraude electoral) de las “manos limpias”. Así comenzó el sexenio del “cambio”, y cómo acabó.

Desde que se destapó el Ivangate, a finales de febrero pasado, los panistas (y priístas que los acompañan) adujeron falta “de sustento jurídico” para proceder en contra de Mouriño. Suficiente sería que la supuesta comisión legislativa revisara dos leyes específicas para proceder en contra del delfín presidencial (la Constitución y la Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) para constatar que el predilecto violó la legislación en su doble condición de funcionario de Energía y apoderado legal de Ivancar.

Recapitulemos: el artículo 108 constitucional es preciso: “para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal (como asesor de un integrante del gabinete legal o subsecretario del mismo, por ejemplo) o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece (artículo 47, fracción XI): “el funcionario deberá abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley le prohíbe”; (fracción XIII) “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios (Ivancar, por ejemplo) incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”; (fracción XXIII) “abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte…”.

La citada ley indica que como funcionario (de la Secretaría de Energía, a la hora de firmar los referidos contratos) “se obliga a (fracción XIV del artículo 47) a informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico (Felipe Calderón) sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos” mencionados, amén de (fracción XXII) “abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público”. Mouriño, de acuerdo con su dicho, no procedió así.

Otras leyes norman el proceder de un funcionario, pero las citadas resultarían más que suficientes para que Iván no sólo estuviera fuera de Bucareli, sino haciendo amigos en algún reclusorio federal. Pero para eso están “las manos limpias”.

Las rebanadas del pastel

En la pasada campaña electoral el candidato panista prometió combatir frontalmente a los monopolios que frenan el desarrollo nacional, pero ya en Los Pinos protege al de Carlos Slim y funge como su intermediario. Ése es el proceder, de acuerdo con información del portal financiero Invertia, que cita a El Universal: “¡FCH rescató a Slim!; fuentes cercanas a Los Pinos revelaron que gracias a la intervención de Felipe Calderón Hinojosa, Porta, filial de América Móvil, logró renovar su concesión en Ecuador”. El michoacano telefoneó a Rafael Correa “para pedirle que desistiera de sus intenciones de retirar el título de concesión a la compañía de Carlos Slim. La llamada de Calderón se dio después de que la participación de Slim en suelo ecuatoriano se vio amenazada tras el ultimátum que Correa lanzó a la compañía en abril pasado”. “Las manos limpias”, pues.