■ Las organizaciones temen que el gobierno haya influido en la transferencia del diplomático

ONG exigen que se transparente la remoción de Amerigo Incalcaterra

Carolina Gómez Mena

Ante las dudas que existen en torno a la remoción del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, diversas organizaciones de derechos humanos se pronunciaron porque el gobierno aclare la situación y explique detalladamente “qué fue lo que pasó y si realmente presionó para que se transfiriera al diplomático”.

Brisa Solís, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), comentó que Incalcaterra hizo “mucho ruido” en algunos sectores por haber abordado temas de política pública y destacados en la agenda nacional, pero sostuvo que esa situación a un gobierno democrático no le debe incomodar, sino todo lo contrario, pues justamente el respeto a los derechos humanos es un elemento fundamental para alcanzar la democracia.

Santiago Aguirre, abogado del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sostuvo que si realmente hubo interferencia del gobierno federal en la remoción de Incalcaterra, sería “lamentable y sin precedente; inclusive esto no se ha visto ni siquiera en países que vienen de crisis de gobernabilidad”, y agregó que esa anomalía sería un indicio de que en realidad al gobierno “no le interesa la defensa de los derechos humanos, al no resistir la vigilancia” en ese rubro.

Marta Villarreal, vocera del Foro Migrantes, precisó que de comprobarse la intervención, indicaría que hay “falta de voluntad política” para abordar el tema de la defensa y promoción de las garantías individuales y agregó que podría ser “visto como una manifestación más de la política restrictiva que ha impulsado este gobierno con la sociedad civil y los promotores de derechos humanos, así como muestra de una doble moral y discurso”.

Asimismo, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos indicó que se confirmaría “la falta del compromiso del gobierno de México con los derechos humanos, al pretender tener una representación del Alto Comisionado sin posibilidad de pronunciarse y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en México”.

La red manifestó que durante la presente administración la situación de los derechos humanos en México “ha continuado deteriorándose, como lo demuestran, entre otras cosas, las constantes detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones que ha cometido el Ejército Mexicano en su lucha contra el narcotráfico, así como la criminalización de la protesta social”.

Expuso también que durante los ocho años anteriores una constante ha sido la “permanente obstaculización del trabajo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyo titular desde antes de la instalación de la organización internacional señaló que era inconstitucional y, una vez instalada, se ha negado sistemáticamente a cooperar con dicha oficina, además de descalificar el diagnóstico”.

Sobre el papel que ha jugado la CNDH Aguirre sostuvo que se debe “exigir una postura clara”, pues el miércoles Human Rights Watch señaló que la petición inicial de la salida del diplomático habría venido de ese organismo.