■ La sentencia del tribunal electoral fue notificada el miércoles por la noche al partido

Debe concluir el lunes todo el cómputo de los comicios por la directiva del PRD

■ La ley ordena multas o incluso arresto de funcionarios que incumplan fallo de los magistrados

Alonso Urrutia

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) notificó el miércoles, alrededor de las 22:30 horas, a la Comisión Nacional de Garantías (CNG) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la sentencia en que fijó 120 horas para completar el cómputo de la elección interna, por lo que el lunes por la noche deberán quedar concluidos los conteos estatales y nacional.

Los plazos de 72 horas para concluir los cómputos estatales –tras lo cual la CNG deberá notificar al tribunal su realización– y de 48 horas más para el conteo nacional –que igualmente deberá comunicarse– son justificados así por el TEPJF:

“Las fechas para la realización de los cómputos mencionados obedecen a que el partido, al momento de la emisión de la sentencia, ha excedido en demasía el plazo que en su normatividad se prevé para que culminara la fase de cómputo nacional de su elección de los integrantes de la dirigencia nacional.”

En tanto, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la sanción a un eventual incumplimiento de la CNG a los plazos marcados por los magistrados iría de amonestaciones públicas o apercibimientos a los funcionarios responsables a multas de 100 días de salario mínimo –el doble si se reincide– o cárcel hasta por 36 horas.

Sin embargo, algo que complicaría aún más el conflicto interno del sol azteca sería el previsible uso político que Acción Nacional promoviera a partir de un posible incumplimiento.

Con una queja ya interpuesta en el Instituto Federal Electoral (IFE) –que ayer incorporó mayores elementos–, solicitando la suspensión de ministraciones al PRD por falta de certeza en la dirigencia y por violentar plazos, la eventual inobservancia del fallo podría ser interpretada como una falta a las obligaciones de mantener en funcionamiento los órganos partidistas.

Esas responsabilidades se encuentran recogidas en el Cofipe, y su violación provoca las sanciones señaladas en el artículo 350, que según la gravedad van de multas de 10 mil días de salario mínimo a “la reducción de hasta 50 por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda por el periodo que señale la resolución e incluso hasta con la pérdida del registro”.

Por lo pronto, el IFE recibió el pasado martes dos oficios por separado de la representación del PRD, en uno de los cuales se solicitaba el registro de Guadalupe Acosta Naranjo como presidente provisional del partido, designado en la polémica sesión del Consejo Nacional del pasado domingo.

Un segundo oficio hacía alusión al penúltimo Consejo Nacional perredista, en el cual, por acuerdo de las corrientes Izquierda Unida y Nueva Izquierda, se aprobaba la prolongación del mandato del Consejo Nacional, las dirigencias y los consejos estatales mientras no se resuelva el conflicto por la presidencia del sol azteca.

Con este segundo oficio, el partido notificó, en los hechos, que se han adoptado decisiones para mantener vigentes los órganos internos, pero el oficio fue remitido antes de la resolución del TEPJF que fija plazos al PRD para completar los conteos.

En ese cotexto, en el IFE, a pesar de que han comenzado a correr los plazos para responder a la solicitud de registro de Acosta Naranjo, aún no hay plena claridad sobre la instancia que debería asumir la responsabilidad: el Consejo General o la dirección ejecutiva de prerrogativas.

Algunos consejeros pretenden que en sesión del Consejo General se decida sobre esa solicitud, pero en las atribuciones expresas de éste no se cuenta avalar el registro de dirigencias, por lo que la competencia sería de la dirección ejecutiva mencionada.