■ Fernández del Castillo descarta que proyecto de reforma le dé “facultades excesivas”

Sólo opinaré sobre temas legales en la Ssa, dice ex abogado de Provida

■ Como defensor del grupo conservador promovió juicios contra programas de salud relacionados con sexualidad y número de hijos

■ Ofrece dialogar con las ONG “para evitar malentendidos”

Ángeles Cruz Martínez

El director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud (Ssa), Bernardo Fernández del Castillo, descartó de manera enfática que con la reforma al reglamento interior de la dependencia pudiera adquirir atribuciones que vayan “más allá” de los temas legales.

“Como hasta ahora –indicó–, daré mi opinión en el ámbito de mi competencia. Si quieren hacerme caso, qué bueno, y si no, yo me limito a mi responsabilidad.”

Señaló que con el proyecto para modificar dicho reglamento, el cual fue presentado ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para que haga comentarios y sugerencias, lo que se pretende es formalizar varias situaciones que ya ocurren, como la responsabilidad del área jurídica de la Ssa de responder las solicitudes de información de los ciudadanos, en particular cuando interponen recursos de revisión a las respuestas iniciales.

“No supimos informar”

Respecto a los cuestionamientos de las organizaciones civiles feministas y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, admitió que si existen es porque “no supimos transmitir la información como es debido, y se han generado malentendidos”. No obstante, expresó su disposición a aclarar las dudas de las agrupaciones, porque “todo es transparente”, afirmó.

Fernández del Castillo, a quien se recuerda por haber sido abogado del cardenal Norberto Rivera y por haber participado en los litigios promovidos por el grupo conservador Provida en contra de programas de salud relacionados con el ejercicio de sexualidad y los derechos de las mujeres a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos, rechazó que desde el área a su cargo se pudiera incidir en dichas políticas, en específico en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Comentó que con la reforma reglamentaria se busca “ordenar” el área jurídica, porque “entre los problemas que tiene la Ssa está que con el tiempo y por la urgencia, en cada unidad administrativa se fueron contratando abogados”. A la fecha, existen 130 litigantes distribuidos en direcciones, órganos desconcentrados, hospitales e institutos nacionales de salud.

“Ha sido un desorden impresionante, porque no hay coordinación entre los abogados y cada uno resuelve lo que le va tocando; ha habido resoluciones contradictorias, e incluso conflictos con otras secretarías. Cuando se llega a este punto, los expedientes se turnan a la Dirección de Asuntos Jurídicos, donde se da la solución final. De ahí la necesidad de que exista la figura de Coordinación de Asuntos Jurídicos, en la cual se agruparán todas las áreas equivalentes de los organismos dependientes de la Ssa.”

Sobre los aspectos cuestionados por las organizaciones civiles, como la facultad que se asigna a la nueva coordinación de proponer al titular de la dependencia la postura institucional sobre las iniciativas en materia de salud que se presenten en el Congreso, y sólo “cuando sea conducente” pedir la opinión de las áreas técnicas, Fernández del Castillo respondió que se refiere a los casos estrictamente jurídicos y que sólo corresponda atender a su área.

Cuando se trate de asuntos técnicos o médicos deberán responder las áreas técnicas, dijo. Rechazó que sus facultades pudieran ser de tal grado que le permitieran modificar cuestiones que no sean de orden jurídico.

Así pasó, por ejemplo –recordó–, con la norma oficial mexicana sobre la prevención y control de VIH/sida, en la que se introdujeron las definiciones de homosexual, bisexual y transexual, entre otros aspectos nuevos, sobre los que el abogado de la Ssa señaló que eran “innecesarias” porque ya existían en otros ordenamientos.

“No pasó nada. Al área jurídica únicamente le corresponde opinar, no decidir”, subrayó.

Entre otras dudas generadas por el proyecto de reforma al Reglamento Interior está la facultad que se otorga a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, en la fracción IV del artículo 43, de opinar sobre los “lineamientos para los procesos de diseño, captación, integración, procesamiento y difusión de la estadística en salud”, tarea a cargo del nuevo Centro Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud.

Fernández del Castillo se defendió diciendo que “es por los contratos que se hacen con empresas en cada renglón, hasta para la difusión de los datos estadísticos, lo que nada tiene que ver con alguna posibilidad de incidir sobre lo que se debe dar a conocer”, afirmó.

El proyecto también propone un comité de ética jurídica, el cual –indicó– tendría la misión de evitar la corrupción, garantizar que los abogados de la Ssa cuenten con el entrenamiento necesario para atender los asuntos legales y que los atiendan en estricto apego a la norma jurídica. Fernández del Castillo explicó que este organismo será equivalente a los comités de ética y bioética que existen en las distintas profesiones.