Editorial
Birmania, contexto de la tragedia
Hace ya tres días que la zona sur de Myanmar, la antigua Birmania, fue azotada por el ciclón Nargis, y el panorama en esa región del mundo es cada vez más desolador: las cifras de los medios oficiales, sumamente conservadoras en un inicio –anteayer se aseguraba que el número de víctimas fatales era de poco más de 300–, ascienden ahora a más de 22 mil muertos, alrededor de 40 mil desaparecidos, aproximadamente 100 mil damnificados y una población amenazada por la falta de agua potable y por la hambruna, pues se perdió la cosecha de arroz.
Fiel a su costumbre, el Consejo del Estado para la Paz y el Desarrollo (CEPD) –eufemismo con el que se designa a sí mismo el régimen militar que gobierna desde hace cuatro décadas esa nación del sudeste asiático– ha impuesto un cerco que dificulta la llegada de ayuda humanitaria al país. Hasta ayer, en la vecina Tailandia permanecía una brigada especial de rescate en espera de las visas correspondientes para ingresar a territorio birmano; otros países como China, Singapur, Alemania e incluso Estados Unidos, habían ofrecido su ayuda económica y humanitaria para afrontar la catástrofe, sin obtener respuesta por parte de las autoridades del CEPD, el cual ha actuado en forma tardía, indolente y errática, según han denunciado algunos civiles que consiguieron abandonar el país tras el meteoro.
Desde su llegada al poder, en 1962, la junta militar de Myanmar ha mantenido al país prácticamente aislado del mundo, ha ejercido un control férreo en el ingreso y la salida del territorio nacional, tanto de personas como de información, y una actitud represora hacia las expresiones de descontento social. Así quedó demostrado en septiembre pasado, cuando la dictadura respondió con una violencia injustificable a la población birmana que, encabezada por decenas de miles de monjes budistas, se manifestaba en contra del gobierno y en demanda de democracia.
Entonces, el CEPD implantó un bloqueo informativo y emprendió actos de acoso a corresponsales internacionales, lo que impidió conocer con exactitud el número de muertos durante las jornadas de represión. Ahora se pone en evidencia que el nivel de barbarie de la dictadura militar de Myanmar es, además, proporcional a su ineptitud para advertir y proteger a su población de fenómenos naturales totalmente previsibles, como fue el caso de Nargis. En conjunto, estos elementos –la crueldad represiva y la falta de previsión y de capacidad de respuesta ante un fenómeno de esta naturaleza– demuestran el desprecio de la junta militar de Myanmar por la vida humana y reafirman su carácter de régimen impresentable ante la opinión pública internacional.
Por lo demás, como en otras circunstancias análogas en el mundo, la tragedia que hoy enfrenta el pueblo birmano es, más que resultado de un fenómeno natural, consecuencia de un sistema político económico que, en una lógica pragmática y especuladora, tiende a distribuir de manera inequitativa los riesgos de los fenómenos naturales, casi siempre en perjuicio de los sectores más desprotegidos y de la población de los países pobres, como Myanmar. La miseria aumenta las perspectivas de desastre social por los efectos devastadores de meteoros inevitables, pero predecibles. Con respecto a la catástrofe social y humana que enfrenta la antigua Birmania, queda claro que habría podido prevenirse si la población hubiera contado con recursos de protección civil, si el gobierno hubiese dado las órdenes de evacuación pertinentes y si la pobreza no hubiese orillado a la población a asentarse en las zonas de mayor riesgo.