■ Representante de Alto Comisionado de la ONU exige más facultades para fiscalía especial
Demandan al Estado frenar la impunidad en delitos contra periodistas mexicanos
■ La ola de violencia hacia los comunicadores atenta contra los valores democráticos, señalan
El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra, apremió al Estado a dar mayores atribuciones, autonomía y recursos económicos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR), porque dos años después de su creación han continuado los asesinatos de comunicadores y otros crímenes, y demandó atacar de inmediato la impunidad.
Al participar en la Conmemoración Internacional de la Libertad de Prensa, organizada por Naciones Unidas en México, Incalcaterra recordó las palabras que Louise Arbour –titular de dicho Alto Comisionado–, manifestó en febrero pasado en la sede la organización en el país:
“Las crecientes limitaciones a la libertad de expresión en México y la concentración de los poderes y los medios en pocas manos sugieren urgentemente la necesidad de un mayor pluralismo, además de que los asesinatos y abusos contra periodistas no resueltos contribuyen a un clima de impunidad que afecta la libre expresión”.
El titular de la oficina en México insistió en llamar al Ejecutivo a frenar la impunidad en que se encuentran la mayoría de los asesinatos de periodistas.
“Tenemos información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sentido de que de 2000 a 2007, 37 periodistas han sido asesinados, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la PGR informa que de febrero de 2006 al mismo mes de 2008 se habían cometido 219 delitos contra periodistas, incluidos asesinatos, extorsiones y amenazas”, afirmó.
Los resultados de la fiscalía no han satisfecho las expectativas, aseveró. Se refirió también a la visita reciente de una misión internacional, la cual constató que en 2007 fueron asesinados 15 comunicadores.
“Es obligación del Estado investigar las agresiones contra periodistas, quienes se han vuelto especialmente vulnerables a ataques del crimen organizado, y cuando se falla en la investigación y en sancionar a los responsables el Estado incumple su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos.”
Amenazas de fuerzas oscuras
A su vez, Magdy Martínez-Solimán, coordinador del Sistema de Impugnación de la ONU en México, aseveró que en el país continúan los asesinatos y amenazas contra periodistas, así como las agresiones contra instalaciones de medios de comunicación, las cuales son amenazas de fuerzas oscuras, es decir, del crimen organizado y del narcotráfico.
Manifestó que uno de los retos de la nación es garantizar que determinados grupos empresariales no limiten el pluralismo y acaben controlando al máximo los propios medios de comunicación para disponer de un monopolio de influencia y publicidad del que derivan rentabilidades no sólo económicas.
Lamentó los asesinatos de las periodistas Felícitas Martínes y Teresa Bautista, perpetrados el pasado 7 de abril en la región triqui de Oaxaca.
A su vez, el titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de la Gobernación, Carlos Aguilar, sostuvo que “el Estado mexicano está consciente de que la impunidad ante estos crímenes incentiva su repetición y fomenta la autocensura por parte de los comunicadores y periodistas, situación que vulnera el derecho a la libertad de expresión y merma las bases del estado de derecho”.
Agregó que para el Estado el respeto a la libertad de prensa comprende tanto la obligación negativa de no restringirlo ni obstaculizarlo como la obligación positiva de facilitar el acceso a la información que está en poder de las distintas autoridades e instituciones públicas.
Abundó: “es necesario reconocer que aún queda mucho por hacer. La ola de violencia hacia los periodistas atenta contra los valores democráticos y los derechos fundamentales de la población”, y precisó que varios de esos asesinatos se han llevado a cabo en zonas con fuerte presencia del narcotráfico y el crimen organizado.
Destacó que mediante la corresponsabilidad y coordinación de los poderes Ejecutivo y Legislativo “debemos regular las actividades de los llamados poderes fácticos y luchar por los intereses de la mayoría, y no por los de unos cuantos. Debemos crear un marco normativo que responda a las necesidades de un México plural y democrático”.
Por su parte, Aleida Callejas, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho sus propias observaciones sobre el país y ha señalado la necesidad de contar con una nueva legislación en radio, televisión y telecomunicaciones, con estándares internacionales de libertad de expresión, derecho a la información. También ha subrayado que la concentración de medios electrónicos atenta contra la democracia, añadió.
Asimismo se refirió a la visita de la misión internacional integrada por personajes de 11 países, quienes señalaron que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América y también es una de los naciones con mayor concentración de la radio y la televisión.