■ Mayor protección a Hebe de Bonafini en Argentina, piden abogados
Amenazan de muerte a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo
Buenos Aires, 2 de mayo. La titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue amenazada de muerte esta madrugada, dos días después del secuestro del sobreviviente de la dictadura militar Juan Evaristo Puthod, quien estuvo 28 horas secuestrado y sometido a golpizas en la localidad de Zárate.
Desconocidos llegaron a la casa de la hija de Bonafini, Alejandra, en la ciudad de La Plata y utilizando el interfón le advirtieron que “estamos hartos, vamos a matar a tu mamá”.
La hija de Bonafini fue atacada y torturada en su casa en mayo de 2002, lo que en su momento causó una fuerte preocupación en los organismos de derechos humanos de Argentina.
“Esto es muy grave porque la forma de atacarme es ir a la casa de mi hija. No nos perdonan a las madres nuestra lucha por la justicia”, señaló la lideresa de la organización humanitaria.
Las amenazas se han incrementado especialmente después de la reapertura de causas que juzgan a los responsables de delitos de lesa humanidad, que han originado las primeras condenas firmes en los juicios orales.
De la misma manera, por nuevas decisiones de la justicia muchos de los acusados fueron trasladados de sus cómodas “cárceles” entre amigos, en dependencias militares, al penal de máxima seguridad de Marcos Paz, lo que aumentó el accionar de las familias y cómplices de los hombres clave en la pasada dictadura militar.
La incertidumbre y el temor afectan a los testigos en las diversas causas en todo el país, como sucedió después de la desaparición de Jorge Julio López a mediados de 2006 o lo ocurrido con el trabajador Luis Gérez, secuestrado y torturado en diciembre de ese año, tras haber declarado contra el ex subcomisario de la dictadura Luis Patti.
El secuestro de Puthod y las nuevas amenazas llevaron a varios abogados a reclamar de las autoridades mayor protección, porque esto puede causar pánico entre algunos testigos.
Para todos los organismos es necesario encontrar “ya y ahora” las pistas sobre los responsables. Puthod piensa que sus captores eran policías o “mano de obra desocupada”, como se llama aquí a muchos de los que actuaron durante la dictadura y hoy integran “batallones de las sombras”.
El problema es que las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) de 1986-1987) dejaron sin juicio a cientos de represores de la pasada dictadura militar, y aunque en 2005 se anularon las mismas, esto permitió a muchos reciclarse o mantenerse dentro de las instituciones de seguridad, lo que significa un entorno más que amenazante.
Se calcula que a pesar de una serie de purgas en la policía bonaerense, quedan por lo menos unos 9 mil agentes vinculados muy directamente con la dictadura. Y hay miles más que están trabajando en empresas de seguridad privadas, que integran un verdadero ejército con poderosas armas.