Magdy Martínez-Solimán *

Periodistas son libertad

Las Naciones Unidas llaman a la sociedad mexicana a defender a sus periodistas. Éste no es un llamamiento melodramático sino basado en hechos. La democracia exige la vigencia de libertades políticas fundamentales, especialmente de opinión, expresión, asociación, movimiento y acceso a medios de comunicación libres y plurales. Tal como lo señala el Proyecto sobre el Desarrollo de la Democracia en América Latina (Proddal) en su informe Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, publicado en 2004, “la libertad de opinión y expresión es una piedra angular de toda sociedad libre y es una condición esencial de la democracia. Por ello, todo Estado tiene la obligación de proteger y garantizar estos derechos recogidos en distintos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Dada la centralidad de la libertad de prensa para la libertad y de la democracia informativa para la democracia, desde la ONU se han reivindicado estas garantías en distintos instrumentos internacionales. Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 19 establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. La oficina del relator especial de la ONU sobre la Libertad de Opinión y de Expresión fue establecida por resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la organización en 1993. El mandato del relator especial requiere que la información sobre la discriminación, la violencia o el acoso de personas, incluso de los profesionales, en su ejercicio de la libertad de expresión, sea solicitada a los gobiernos y sea contrastada con las organizaciones de la sociedad civil. El relator entrega un informe general anual además de los reportes sobre visitas a los países y elabora recomendaciones sobre la mejor promoción e implementación de estos derechos. En 1996, el relator especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU enunció en su reporte anual los “Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información”, mismos que se han convertido en un referente universal.

El Estado mexicano ha avanzado mucho y bien, en los últimos años de libertad, en su obligación de reconocer, proteger y garantizar estos derechos. Así lo demuestra, por ejemplo, la aprobación en 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual busca garantizar el acceso de toda persona a la información pública. Otros avances importantes en garantizar la libertad de prensa han sido la creación en febrero de 2006 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, en el seno de la Procuraduría General de la República; y la aprobación por el Congreso de la Unión de las reformas al Código Penal Federal, que garantizan a los periodistas el secreto de sus fuentes de información. Más recientemente, en el contexto de la reforma electoral, se modificó el artículo 41 de la Constitución, para prohibir que los partidos políticos y los particulares (sean personas físicas o morales) contraten espacios en radio y televisión con el objetivo de influir en las preferencias electorales. Asimismo se estableció la imposibilidad de difundir propaganda gubernamen- tal en tiempos electorales. Ambas reformas han sido criticadas desde una interpretación liberal del derecho al acceso a la información. Sopesando los valores en liza, desde Naciones Unidas tenemos que sobreponer el principio de equidad en una sociedad desigual, en la que la posesión de recursos financieros y la influencia intelectual podrían desequilibrar la balanza de acceso en detrimento de quienes no disponen ni de tales recursos ni de dicha influencia. Por lo tanto, no dudamos en concluir que la reforma contribuye a que exista una mayor equidad en la contienda electoral en términos de los tiempos y acceso de los competidores a los medios de comunicación.

México cuenta pues con un andamiaje institucional sólido, que garantiza un espacio irreversible en el reconocimiento de la libertad de expresión y el derecho a contar con medios de comunicación plurales. Siempre existirán retos, pero lo ya alcanzado es innegable.

Garantizar y reforzar la libertad de prensa es una tarea cotidiana en un mundo sometido a acelerados cambios económicos, financieros y tecnológicos. En ocasiones, las amenazas provienen de grupos empresariales que quisieran limitar el pluralismo y controlar al máximo los propios medios de comunicación, para disponer de un monopolio de influencia y publicidad del que deriven rentabilidades no sólo económicas. Según datos del informe del PNUD sobre el estado de la democracia en América Latina, la mayoría de los líderes de opinión consultados, es decir, presidentes y legisladores, académicos y sindicalistas, hombres y mujeres de la cultura y de la empresa, identificaron a los medios de comunicación entre los grupos con mayor capacidad de modelar e imponer la agenda pública, pero también como “un control sin control, que cumple funciones que exceden el derecho a la información”, ya que en muchos casos responden únicamente a intereses económicos y no demuestran un sentido de responsabilidad conmensurable con su influencia. Hay que afirmar que la libertad de prensa no se construye en una democracia moderna sobre la elección popular del redactor jefe, sino en la transparencia en la información sobre el control accionario del medio y el pluralismo de opciones informativas. En este sentido, el control de un medio de comunicación son los demás medios, que ofrecen alternativas, que amplían el conocimiento del público sobre quién orienta la línea editorial y pueden sustentar la convicción de que el Estado juega limpio cuando otorga, renueva o revoca licencias y concesiones.

Como muchos otros países con andamiajes institucionales avanzados, México tiene estos retos mundiales. Los desafíos adicionales que enfrenta tienen que ver con las desigualdades que aún prevalecen en el ejercicio de estos derechos. Es cierto que cada vez existen mayores posibilidades de que un ciudadano pueda ejercer su derecho de libertad de prensa. Sin embargo, persisten casos graves de violación a los derechos fundamentales. En México siguen habiendo asesinatos y amenazas contra periodistas, y agresiones contra instalaciones de medios de comunicación. Y una sola amenaza, una agresión, no digamos ya un acto criminal, siempre es más de lo aceptable. No es México una excepción en el mundo. Hay países en los que ni siquiera podemos hablar de agresiones, ya que no hay libertad a la que agredir. Pero tampoco podemos permanecer silentes ante casos como el de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras y reporteras de La Voz que Rompe el Silencio, de la región triqui, de Oaxaca, que fueron asesinadas el pasado 7 de abril. Estos lamentables hechos no sólo representan un grave atentado a la libertad de expresión, sino a libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de México tienen el inalienable derecho de estar informados a través de sus propios medios, en sus propias lenguas, respetando sus tradiciones y su cultura. Lo ocurrido a Felícitas Martínez y Teresa Bautista demuestra la situación de desigualdad a la que muchos hombres y mujeres se enfrentan por distintas circunstancias. En este caso, se trataba de mujeres contra quienes tradicionalmente se ejerce mayor violencia, y de indígenas, quienes se enfrentan aún con demasiada frecuencia a prácticas discriminatorias.

México sigue trabajando en la construcción de medios plurales y democráticos. Hay muchos actores dispuestos a regular el poder de los medios. La importancia de los medios en la construcción de una democracia de ciudadanía es incuestionable. Que su papel resulte positivo está en manos de todos los actores sociales y políticos. Sólo con el involucramiento de todos se logrará un balance entre los intereses comerciales esperables de cualquier industria de la magnitud de los medios de comunicación y la responsabilidad social que éstos deben asumir frente a las necesidades de nuestras sociedades. Por eso, reiterando nuestra primera frase, desde las Naciones Unidas llamamos a la sociedad mexicana a defender a sus periodistas.

* Coordinador residente de la ONU en México