■ Seis son considerados de alto impacto, dice

Sin resolver, 46 conflictos agrarios en la capital: GDF

■ A nivel federal se piensa que ya no existen, por ser eminentemente urbana, señala Susana Manzanares

■ Destaca el de las comunidades de Santa Rosa Xochiac y San Mateo Tlaltenango

Ángel Bolaños Sánchez

En el Distrito Federal existen 46 conflictos agrarios sin resolver y de éstos, por lo menos seis son considerados de mayor impacto por el gobierno de la ciudad, luego de que en días pasados se solucionó el que mantuvieron por límites territoriales durante unos 60 años las comunidades de Xalatlaco, perteneciente al estado de México, con las de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, de la delegación Tlalpan.

Entre estos pendientes, destaca el de las comunidades de San Mateo Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac, también por una indefinición de límites que involucra la zona del Desierto de los Leones y que en tanto no se resuelva en los tribunales, las autoridades capitalinas, como administradoras del bosque, están impedidas de intervenir en su rescate y en la solución de invasiones y asentamientos irregulares en algunas áreas, explicó la directora general de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Gobierno, Susana Manzanares Córdova.

En entrevista, advirtió que incluso a nivel de la Federación se piensa que como el Distrito Federal aparece como una zona fundamentalmente urbana y dada la centralidad que le caracteriza, los conflictos agrarios ya no existen, pero la realidad es otra y sólo el de Xalatlaco, contra San Miguel y Santo Tomás, se llevó 60 años en los tribunales agrarios, mientras que el del Desierto de los Leones data de 1938.

Explicó que los conflictos más fuertes son de carácter jurídico en la titulación del suelo cuando hay diferencias en los límites entre los ejidos, como el de las comunidades de San Mateo Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac, donde el Tribunal Agrario no ha definido quién tiene la razón.

“El Gobierno del Distrito Federal ha planteado iniciar un proceso de consenso entre las comunidades para poder lograr un acuerdo que soluciones de fondo el conflicto”, señaló, porque hasta en tanto esto no ocurra, con la facultad solamente de administrador del bosque, no tiene posibilidades de invertir en su rescate cómo se comenzará a hacer en el Área Natural Protegida (ANP) que se creará a partir del acuerdo entre los de Xalatlaco con los de Santo Tomás y que incluye el pago de los servicios ambientales y el financiamiento de proyectos ecoturísticos y de desarrollo sustentable que garanticen el resguardo del área.

Lista de prioridades

Otros conflictos agrarios cuya solución es prioridad para el gobierno de la ciudad, refirió la funcionaria, son el de un asentamiento irregular en la zona conocida como Los Zorros, dentro del área boscosa de San Andrés Totoltepec, en la delegación Tlalpan, donde viven en condiciones precarias unas 300 personas desde hace unos 12 años.

Uno más está en la delegación Gustavo A. Madero, donde el ejido de Zacatenco interpuso un recurso de amparo para dejar sin efecto el decreto de expropiación de la Sierra de Guadalupe, que al gobierno de la ciudad le interesa mantener como suelo de conservación.

Esto mismo ocurre en Iztapalapa, donde un grupo agrario pretende revertir la declaratoria de ANP de la Sierra de Santa Catarina.

Está pendiente además el proyecto de rescate en suelo de conservación de Amalacachico, que fue desalojado durante la pasada administración, en la delegación Xochimilco. Otro que consideró de menor conflictividad y que está en vías de solución es el de los límites entre las delegaciones Magdalena Contreras y Alvaro Obregón, donde algunas comunidades como el ejido de San Mateo Tlaltenango, se asumen como de Cuajimalpa, que es además la demarcación que les dota de servicios. Geográficamente están dentro de Alvaro Obregón y lo mismo ocurre con Santa Rosa Xochiac, que se dice de esta última cuando está dentro de Cuajimalpa.

En tanto, señaló Manzanares Córdova, se han solucionado otros como el que tenían las comunidades de Santiago Tepalcatlalpan y San Miguel Topilejo a partir de convenios que se han suscrito para que la Dirección General de Asuntos Agrarios, a través del Programa de límites territoriales, realice las mediciones que permitan ratificar las líneas limítrofes y coloque las mojoneras de manera definitiva.