■ “Terribles”, las condiciones impuestas por Juan Camilo Mouriño, señala Rosario Ibarra
Aclarar si quiere diálogo, pide al gobierno el grupo de mediación que propuso el EPR
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Integrantes del Ejército Popular Revolucionario, en imagen de archivo
Foto: La Jornada
El grupo de mediación propuesto por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) para un eventual diálogo con el gobierno pidió a la Secretaría de Gobernación (SG) que “precise” su respuesta y defina si las condiciones que planteó en su comunicado del lunes pasado “son impedimentos para el proceso del diálogo” planteado.
Luego de una reunión de tres horas en la sede de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), el obispo Samuel Ruiz, la senadora Rosario Ibarra, los intelectuales Carlos Montemayor y Gilberto López y Rivas, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y los dirigentes del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández resolvieron emitir un breve comunicado en el que puntualizan que la figura de “testigo social” que la SG propone en lugar de una mediación “resulta confusa, particularmente por su utilización en las licitaciones de entidades públicas”.
El grupo “necesita saber si el gobierno quiere dialogar o no. Si persiste en las condiciones expresadas en su comunicado del 29 de abril, entenderemos que no quiere”, comentó el antropólogo López y Rivas.
La senadora Rosario Ibarra de Piedra, por su parte, describió la coyuntura como “una rendijita, nada más. Ojalá que por ahí pueda pasar la luz de la esperanza para todos los desaparecidos y sus familias. Pero objetivamente yo no veo voluntad política. Las condiciones que impuso el señor Juan Camilo Mouriño son terribles y expresan su poca disponibilidad de hablar sobre el tema de la desaparición forzosa”.
El grupo propuesto para la mediación, informó por su parte el penalista Juan de Dios Hernández, del Colectivo de Abogados Zapatistas, tiene el objetivo principal de facilitar la aparición con vida de los dirigentes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, secuestrados en mayo del año pasado en Oaxaca.
“Es un punto que merece toda la atención y es el compromiso central del FNCR”, manifestó. El frente es el único grupo propuesto por el EPR como parte de la mediación.
Las supuestas investigaciones en torno al secuestro de Amaya y Cruz reflejan, en opinión Ibarra, “la insensibilidad y complicidad histórica de las autoridades”.
Añadió: “el gobierno ha dicho que ya están muertos, incluso pidieron que una hija y una hermana de las víctimas que comparecieran para hacer exámenes de ADN con unos cadáveres que aparecieron por ahí. ¿Qué se puede esperar?”
En la reunión de ayer, concluyó la legisladora, “todos expresamos nuestra mejor disposición. Queremos servir en algo para la causa de la lucha contra las desapariciones forzosas”.
López y Rivas advirtió, por otra parte, que, sin ánimo de confrontación, “no podemos dejar de apuntar el contenido tan farragoso del comunicado de Gobernación. En particular, es inadmisible la condición de testigos sociales. En este caso, la mediación es indispensable, no sólo para facilitar el acercamiento, sino para ofrecer un mínimo de garantías contra una eventual traición. Todavía todos tenemos en mente la detención del mensajero del EZLN (Javier Elorriaga) en 1996, cuando llevaba una respuesta al secretario de Gobernación (Esteban Moctezuma) y fue detenido por órdenes del ex presidente Ernesto Zedillo”
También expresó su sorpresa por las declaraciones del presidente panista, Germán Martínez, que “echó de cabeza” a Mouriño y desnudó la verdadera intención del gobierno al decir que de lo que se trata es de exigir la rendición del EPR.
“No podemos hacer caso omiso de algunos analistas, sicarios mediáticos, que ya empezaron a atacar a la mediación. Entre otras cosas, han dicho que Rosario Ibarra está relacionada con las FARC colombianas, que don Samuel Ruiz fue el fundador del EZLN y a mí me describen como ex agente de la KGB”.
El próximo jueves el grupo sesionará nuevamente. Su comunicado, de apenas una cuartilla, es dirigido al Partido Democrático-Ejército Popular Revolucionario y al gobierno federal. Expresa la disposición de los firmantes de realizar labores de intermediación y destaca “la gran importancia, en las difíciles condiciones que vive el país, de toda iniciativa que dé cauce a la búsqueda de la justicia desde la sociedad civil y que combata las desapariciones forzadas”.